Junta vuelve a impugnar la desclasificación como urbanizable del Algarrobico

La Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspenda cautelarmente el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva a "confusión" porque da a entender que el suelo sobre el que se construyó el hotel de Azata es "no urbanizable desde abril de 2023" cuando, en realidad, "es suelo protegido" medioambientalmente "desde 1994".

"Es cosa juzgada por numerosas resoluciones judiciales que los terrenos del Algarrobico son no urbanizables protegidos desde 1994, cuando fue aprobado el PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar", remarca, al tiempo que señala que "no cabe, pues, ninguna decisión del ayuntamiento sobre esta cuestión".

En un recurso de reposición, consultado por Europa Press, el Gobierno andaluz pide a la sala que revoque su decisión de no suspender cautelarmente este acuerdo de pleno, adoptado bajo mandato del PSOE, ya que, a su juicio, revela "una contumaz oposición del Ayuntamiento a que prevalezcan las decisiones judiciales" sobre el Algarrobico.

Para la Junta, están en juego el "interés general" y en riesgo "la seguridad jurídica" sobre el régimen urbanístico aplicable a este paraje, "ya decidido por los tribunales de forma reiterada y firme" ya que, según advierte, el acuerdo de pleno "aparenta" ser la "culminación" de un "procedimiento de innovación del PGOU" que termina en abril de 2023, cuando es "evidente" que el Algarrobico es "no urbanizable protegido desde 1994".

Cabe recordar que la licencia municipal de obras del hotel de Azata, cuya revisión de oficio por nulidad ha ordenado el Tribunal Supremo (TS), se concedió en 2003, por lo que, de acuerdo a la tesis que sostiene ahora el Gobierno andaluz, es una licencia ilegal que podría dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento carbonero.

Tanto la Junta de Andalucía como colectivos ecologistas como Greenpeace consideran que la redacción de texto del acuerdo de pleno que se adoptó en abril de 2023 con la mayoría absoluta del PSOE podría obstaculizar la anulación de la licencia municipal de obras, paso previo necesario para que se pueda incoar expediente de demolición de edificación.

El TSJA, sin embargo, no considera que sea "ostensible, manifiesto y evidente" lo que alegan para suspenderlo cautelarmente y mantiene que es "necesario antes interpretar" la "redacción", lo que "constituye el fondo del pleito". Añade que adoptar la medida supone "prejuzgar" si cumple o no con las resoluciones judiciales.

La Junta, que impugnó ante los tribunales el texto después de la negativa del entonces alcalde socialista, José Luis Amérigo, a modificarlo, pide que se eliminen del acuerdo de pleno las alusiones a "anular y eliminar la clasificación urbanística vigente" o "efectos sobrevenidos al planeamiento vigente" por la directa aplicación de la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

El Pleno Municipal rechazó enmendar el acuerdo
Con el cambio posterior en el gobierno en la corporación local carbonera, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición del Gobierno andaluz y llevó a un pleno ordinario convocado en noviembre de 2023 una enmienda al acuerdo para suprimir esas expresiones.

No obstante, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ya que los ´populares´ gobiernan en minoría.

El Tribunal Supremo determinó en una sentencia de 2023 que para que los terrenos de El Algarrobico sean "devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", es necesario antes revisar la licencia de obras para, así, "garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas".

Si el ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones promovida por la mercantil Azata, que mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.