En “riesgo” la anulación del Algarrobico por ser urbanizable de nuevo

Greenpeace ha advertido este martes de que el hecho de que los suelos de El Algarrobico vuelvan a ser urbanizables en el PGOU de Carboneras "pone en riesgo" que se pueda anular la licencia municipal de obras que daría pie a la demolición del hotel de Azata y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "suspenda" la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisarla de oficio.

"Ahora, al ser en el PGOU urbanizable, pueden tramitar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia y concluir que es legal porque lo ampara la normativa urbanística en vigor", ha explicado el abogado José Ignacio Domínguez, quien ha subrayado que este mismo argumento "ya ha sido utilizado" por el propio alto tribunal andaluz y "hasta el Tribunal Supremo".

Cabe recordar que el TSJA dio plazo de un mes el pasado 14 de febrero al alcalde para que "acreditase" el inicio del expediente para revisar licencia de obras, si bien, desde entonces, ha sido destituido por una moción de censura de toda la oposición quien era el regidor, Felipe Cayuela (PP), e investido en su lugar Salvador Hernández (Cs).

En declaraciones a Europa Press, Domínguez ha indicado que es "indispensable" antes de que se inicie el procedimiento que el PGOU "esté modificado" ya que, actualmente, no está reflejado documentalmente en el planeamiento urbanístico que El Algarrobico es "suelo no urbanizable de especial protección".

"Corremos el riesgo de que el Ayuntamiento se agarre a eso", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que la anulación por parte del TSJA del acuerdo de pleno que modificó en PGOU en abril de 2023 para proteger el paraje al considerar que pretendía eludir el cumplimiento de la sentencia firme que le obligaba a ello, ha provocado que los terrenos "sigan siendo urbanizables" como hace más de 20 años.

El abogado ha apuntado que el alto tribunal andaluz tramita dos incidentes de ejecución forzosa; uno por el fallo que ordena al Ayuntamiento modificar el PGOU para reflejar que es suelo no urbanizable de especial protección por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994, y otro por la resolución firme del Supremo que le obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras del hotel, concedida en 2023.

"Hasta que no haya un nuevo acuerdo del pleno diciendo que el PGOU hay que modificarlo y que los terrenos del Algarrobico son protegidos, no se puede revisar la licencia", ha avisado. La anulación del permiso de obras es un paso preceptivo para que se pueda acometer la demolición del hotel, según la última sentencia dictada por el Supremo.

Domínguez, quien ha lamentado estar "otra vez como al principio, ha apuntado que se plantea "desistir" de la ejecución forzosa en caso de que el TSJA no acceda a acordar la suspensión. "Hay cinco años de plazo para solicitarla y, ahora, si se tramita, estaríamos ante un peligro enorme", ha concluido.

El alto tribunal anuló a principios de marzo el acuerdo de pleno que desclasificaba como urbanizable El Algarrobico al considerar que el equipo de gobierno que entonces lideraba el socialista José Luis Amérigo lo redactó con "intención" de "eludir" el "verdadero cumplimiento" de la sentencia firme desde 2018.

El TSJA daba la razón tanto a Junta andaluza como a Greenpeace. Antes, hubo un intento fallido del ex alcalde del PP, Felipe Cayuela, destituido la pasada semana con moción de censura del PSOE y de Cs, por enmendar el acuerdo y hacer constar en el PGOU que el Algarrobico está protegido desde 1994 por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

En el Libro de Registro del Ayuntamiento de Carboneras, que forma parte del Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, ya figura la anotación que anula la clasificación del sector ST-1 como suelo no urbanizable de especial protección.

Greenpeace también solicitó el pasado día 13 al TSJA que se aperciba nuevamente al alcalde de Carboneras, que tras la moción de censura es Salvador Hernández (Cs), con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el "cumplimiento total" de la sentencia.

El tribunal ya apercibió en 2023 al entonces alcalde socialista y ahora socio en el gobierno, José Luis Amérigo, con la imposición de una multa de la misma cuantía aunque esta quedó "suspendida" tras el cambio de gobierno en las elecciones de mayo de 2023 y la intención mostrada por el nuevo alcalde del PP, Felipe Cayuela, de "cumplir" las sentencias.