La promotora del Algarrobico solicita al TSJA que continúe la ejecución forzosa

La empresa promotora del hotel construido en la playa de El Algarrobico, en el municipio de Carboneras, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que continúe con la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras, cuya anulación es paso previo necesario para que se pueda llevar a cabo la demolición.

Azata del Sol ha presentado un escrito a la sala en el que se opone a la suspensión del procedimiento que ha pedido Greenpeace, que considera que el suelo sobre el que se levanta el hotel ha vuelto a ser urbanizable después de que el TSJA declarase nula la modificación del PGOU que se aprobó en abril de 2023 en el pleno de la corporación carbonera y que, por tanto, "peligra" que se pueda revocar la validez del permiso que autorizó la edificación.

En su escrito, consultado por Europa Press, la constructora alega, por contra, que para revisar de oficio la licencia municipal de obras del hotel, concedida en el año 2003, "no se precisa" que el ayuntamiento "cumpla" con la otra sentencia que le obliga a calificar El Algarrobico como "suelo no urbanizable de especial protección" al ser zona ´C1´ en el PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El TSJA requirió el pasado 9 de febrero al alcalde de Carboneras para que acreditase en el plazo máximo de un mes que había iniciado el procedimiento para revisar la licencia que, presumiblemente, debe concluir con su anulación, pero solo un mes después, la sala decidió revocar la modificación del PGOU que clasificó el suelo del hotel "de especial protección".

Esta última resolución llevó a Greenpeace a pedir que se suspendiese la ejecución ya que la organización considera, al "ser de nuevo" el paraje de El Algarrobico "urbanizable" en el planeamiento, la revisión "podría concluir" que el permiso municipal de obras "es legal porque lo ampara la normativa urbanística en vigor".

Sostiene, en esta línea, que es "indispensable" que se cambie el PGOU y que, hasta que no haya un nuevo acuerdo del pleno para declarar protegidos los terrenos de El Algarrobico, "no se puede revisar la licencia municipal de obras del hotel".

El Ayuntamiento llevará a Pleno la revisión del permiso de obras del hotel 
Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneras, en cuya Alcaldía se ha producido un cambio entre mientras al salir adelante el 15 de marzo una moción de censura contra el PP, ha trasladado a la sala que, una vez quede organizada la nueva corporación, es "su intención" llevar a pleno la adopción de acuerdo para revisar de oficio la licencia.

El actual alcalde, Salvador Hernández (Cs), quien gobierna en coalición con el PSOE, ha indicado al alto tribunal andaluz que ese acuerdo de pleno "es determinante" y que, con el, "acto seguido", se procederá a la incoación del procedimiento ordenado en sentencia firme.

El escrito explica al TSJA la moción de censura presentada a finales de febrero y que prosperó a mitad de marzo y la necesidad "previa" de organizar la nueva corporación local para poder "atender" su "requerimiento", al tiempo que remarca que el órgano "competente" para llevarlo a cabo es el pleno.

El alto tribunal andaluz tramita dos ejecuciones forzosas de sentencia respecto al hotel de Azata del Sol en El Algarrobico; uno por el fallo que ordena al Ayuntamiento modificar el PGOU para reflejar que es suelo no urbanizable de especial protección por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994, y otro por la resolución firme del Tribunal Supremo que le obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras del hotel, concedida en 2023, como paso previo a la demolición.

La sala anuló en marzo el acuerdo de pleno que desclasificaba como urbanizable el paraje al considerar que el equipo de gobierno carbonero que entonces lideraba el socialista José Luis Amérigo lo redactó con la "intención" de "eludir" el "verdadero cumplimiento" de la sentencia.

El TSJA daba la razón tanto a Junta andaluza como a Greenpeace. Antes, hubo un intento fallido del ex alcalde del PP, Felipe Cayuela, destituido tras la moción de censura, por enmendar el acuerdo y hacer constar en el PGOU que El Algarrobico está protegido "desde 1994" por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Greenpeace también ha solicitado al TSJA que se aperciba nuevamente al alcalde de Carboneras con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el "cumplimiento total" de todas las sentencias.

El alto tribunal andaluz ya hizo un apercibimiento de sanción en 2023 aunque quedó "en suspenso" tras el cambio de gobierno en las elecciones de mayo y la "intención" mostrada por quien fue investido regidor, Felipe Cayuela, de "cumplir" las sentencias.

La Junta pide que se revise la licencia "cuanto antes" para poder demoler
Por su parte, la Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras que acate "cuanto antes" y revise de oficio la licencia municipal de obra del hotel del Algarrobico ya que se trata "del último paso previo en la hoja de ruta del Gobierno andaluz para proceder a la demolición del hotel y así restituir cuanto antes un espacio de incalculable valor como es el parque natural de Cabo de Gata-Níjar".

El Gobierno andaluz también ha mostrado su satisfacción por que se anulase el acuerdo que desclasificó el suelo ya que, según mantiene, "viene a confirmar que el suelo ni era ni es urbanizable y que es de especial protección, nada menos, que desde 1994".

El Tribunal Supremo determinó en su última sentencia al respecto, firme, que para que los terrenos de El Algarrobico sean "devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", es necesario antes revisar la licencia de obras para, así, "garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas".

Si el ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones promovida por la mercantil Azata, que mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.