La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia ante el Decanato
de los Juzgados de Vera para que se investigue si el exalcalde de
Carboneras Felipe Cayuela (PP) habría "perjudicado" de
manera "deliberada" a policías locales del municipio,
"impidiendo su ascenso de categoría" y el acceso a
derechos laborales.
El Ministerio Público considera que
determinados "actos" realizados por Cayuela durante su
mandato, entre junio de 2023 y marzo de 2024, podrían ser
constitutivos de un presunto delito de prevaricación, según se
recoge en el decreto, de 11 de abril.
La resolución
acuerda judicializar, tras la incoación de diligencias de
investigación preprocesales, la denuncia, con hasta tres
ampliaciones posteriores, que presentó uno de los agentes afectados
y donde se apunta que el exregidor habría actuado "guiado por
una animadversión" hacía ellos "mostrada" en redes
sociales y plenos municipales al asegurar "que era agentes
adeptos y afines al PSOE".
Según han informado a
Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía recoge que Cayuela
"dictó" una resolución de suspensión del procedimiento
para el ascenso a la categoría de oficial de Policía Local,
"impidiendo así el ascenso de tres agentes, entre ellos el
denunciante, de forma arbitraria e injustificada".
Señala
la denuncia que, con este acto, habría "impedido",
asimismo, que pudiesen "optar a la convocatoria de la plaza de
Oficial-Jefe". La suspensión del procedimiento, que se llevó a
cabo mediante decreto, sin pasar por junta de gobierno local y sin
informe de la secretaria municipal, derivo en la no inscripción de
los agentes en el curso preceptivo y previo de capacitación sin el
que no se puede acceder a la categoría aprobada.
El
Ministerio Público apunta que Cayuela, quien ostentó durante tres
meses la Jefatura Superior y la Jefatura inmediata de la Policía
Local, no "les habría permitido", tampoco, realizar "horas
extraordinarias", al "contrario que el resto de miembros de
la plantilla".
Añade, por último, que los tres
agentes supuestamente "perjudicados" serían "los
únicos" a quienes se les "ha denegado" los días
solicitados por vacaciones de Navidad.
La denuncia que
judicializa el caso parte de la presentada, primero ante
Anticorrupción, por uno de los policías locales afectados y
remitida a la Fiscalía Provincial de Almería el pasado mes de
enero.
En esos escritos, el denunciante indica que Cayuela
habría actuado "únicamente según su capricho y su opinión
personal y política" con el objetivo "de represaliar"
a los agentes, a quienes "habría expresado su animadversión y
enemistad" en público.
Apunta que el decreto de
suspensión de la tramitación del procedimiento selectivo se dictó
para "que los agentes no realizasen el curso de capacitación y
perdiesen la plaza", al tiempo que considera que se hizo "en
fraude de ley" y "unilateralmente" para "evitar"
que Secretaría Municipal "fiscalizase", así como sin
"pasar por junta de gobierno local".
"El ex
alcalde en ningún momento justifica realmente la necesidad de
adopción de esa medida provisional restrictiva de derechos
fundamentales y que causa perjuicios de imposible reparación, como
en ningún momento hace una ponderación razonada de los perjuicios
que causa y de los derechos vulnerados para decretar la suspensión",
traslada la denuncia.
Añade que, ante la existencia de
recursos, "él conocía perfectamente que se podía continuar
ejecutando el procedimiento mientras se formulaba el informe de la
Secretaría que había pedido" y que "finalmente, tras tres
meses" no se dictó, dando lugar "a un silencio
administrativo".
"La potestad discrecional
ejercida por el ex alcalde obedece únicamente a su puro capricho y
no guarda racionalidad y adecuación la situación de un proceso que
ya estaba solo a falta de realización del curso de capacitación por
los aprobados, respecto de la medida adoptada de suspender la
ejecución por unos recursos previos a la fase de
concurso-oposición", indica.
El denunciante, para
quien la resolución de suspensión del procedimiento es nula "de
pleno derecho", alude a que Cayuela "manifestó por sus
propias palabras y publicaciones en Facebook la animadversión hacia
los tres agentes aprobados, a los que consideraba ´Agentes adeptos y
Agentes afines al PSOE´ y hace referencia a que también señaló
que el concurso-oposición suspendido "era un procedimiento para
pagar favores políticos y favores electorales, y de propaganda
electoral del PSOE".
Con respecto a las horas
extraordinarias que la Fiscalía también pide investigar, se relata
que el ex regidor, durante los "tres meses" que ejerció
"la Jefatura directa" de la Policía Local, los habría
"discriminado radical y groseramente en el reparto de
complementos económicos".
En concreto, precisa que,
en ese periodo, todos los agentes fueron "requeridos" y
"realizaron horas extraordinarias, excepto los tres agentes
aprobados a Oficial, que no fueron requeridos ni realizaron ninguna
hora extraordinaria".
"Mientras los tres son
completamente obviados, el resto de agentes han realizado todos y
cada uno de ellos entre 15 y 22 días extraordinarios, lo que supone
una diferencia de unos 6.500 euros de sueldo entre los tres agentes
discriminados y el resto de la plantilla", explica la
denuncia.
Cayuela abandonó la Alcaldía de Carboneras,
que obtuvo en las últimas elecciones municipales aunque ha estado
gobernando la mayor parte de su mandato en minoría, el pasado 15 de
marzo tras prosperar una moción de censura presentada por PSOE, Cs,
y un concejal no adscrito.
El Ayuntamiento de Carboneras,
en 2021 y bajo mandato socialista, sacó dos plazas de oficial de
Policía Local por la modalidad temporal de carácter urgente y
extraordinario de promoción interna por comisión de
servicios.
Publicada la convocatoria, le llego un
requerimiento de la Delegación Territorial de la Consejería de
Administración Local de la Junta de Andalucía en el que le instaba
a desistir de ese proceso y se le informaba de que las plazas de
ascenso a Oficial debían sacarse por concurso-oposición y que los
agentes "debían realizar y superar" el curso de
capacitación para acceder a la plaza.
Este
concurso-oposición se convocó en noviembre de 2022 y en él
resultaron "aptos" los tres agentes, aunque fue recurrido
por otro policía local, quien alegó era "interesado" en
el procedimiento en comisión de servicio que rechazó por irregular
la Junta de Andalucía.
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