Greenpeace ha insistido ante el TSJA en la necesidad de suspender la
ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de
Carboneras a revisar de oficio la licencia municipal de
obras que daría pie a la demolición del hotel de Azata en el paraje
del Algarrobico hasta garantizar la protección de los suelos a
través del PGOU puesto que, según el colectivo, habrían vuelto a
ser urbanizables, lo que pondría en riesgo la anulación del
permiso.
La asociación ecologista trata de evitar que el
Ayuntamiento de Carboneras pueda utilizar el "subterfugio"
de alegar que los terrenos son urbanizables en el PGOU para concluir
que la licencia de obras "no puede ser anulada", por lo que
insiste en retomar dicho trámite una vez "estando ya
clasificados los terrenos como protegidos" en el
planeamiento.
La entidad conservacionista sostiene que en
la actualidad no está reflejado documentalmente en el planeamiento
urbanístico que El Algarrobico es "suelo no urbanizable de
especial protección" ya que la anulación por parte del TSJA
del acuerdo de pleno que modificó en PGOU en abril de 2023 para
proteger el paraje habría provocado que los terrenos "sigan
siendo urbanizables" como hace más de 20 años.
"Si
ahora se obliga al Ayuntamiento de Carboneras de forma coactiva a
iniciar el expediente de revisión de la licencia de obras, es muy
posible que amparados en que los terrenos siguen estando clasificados
como urbanizables en el PGOU concluya que la licencia es legal",
insisten desde Greenpeace en su escrito de alegaciones, consultado
por Europa Press.
En este sentido, alude a la previa
necesidad de cumplir con el fallo que obliga al Ayuntamiento a
clasificar El Algarrogico como suelo no urbanizable de especial
protección ya que "tras ocho años de la publicación de dicha
sentencia El Algarrobico sigue figurando a fecha de hoy como
urbanizable en el PGOU".
Al respecto, cabe recordar
que el TSJA tramita dos incidentes de ejecución forzosa: uno por el
fallo que ordena al Ayuntamiento modificar el PGOU para reflejar que
es suelo no urbanizable de especial protección por la normativa
ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994; y otro
por la resolución firme del Supremo que le obliga a revisar de
oficio la licencia municipal de obras del hotel, concedida en
2003.
Asimismo, han puesto de relevancia la nueva
"maniobra dilatoria" del Ayuntamiento de Carboneras para
eludir la ejecución de la sentencia relativa a la licencia de la que
tiene conocimiento desde "hace dos años".
"Es
obvio que el Ayuntamiento de Carboneras, con indiferencia de cuál
sea el equipo que gobierne, no tiene la intención de cumplir esta
sentencia, ni ninguna otra relacionada con el hotel", han
estimado después de que el Consistorio anunciara su "intención"
de llevar a pleno la adopción de acuerdo para revisar de oficio la
licencia una vez reorganizado el equipo de gobierno con Salvador
Hernández (CS) al frente del mismo en coalición con el
PSOE.
PERSONACIÓN DE LA JUNTA
El
planteamiento de Greenpeace sobre la necesidad de proteger los suelos
antes de revisar de oficio la licencia choca con el de la Junta de
Andalucía, para la cual el terreno ya es "no urbanizable"
tras el auto judicial que anuló el acuerdo municipal de abril de
2023, por el que se modificó el planeamiento que lo recoge como
"urbanizable" y lo declaraba como "espacio
protegido".
En este sentido, y tras haberse personado
en el incidente de ejecución, el consejero de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón
Fernández-Pacheco, ya avanzó la solicitud hecha al TSJA para
ejecutar la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio
la licencia de construcción del hotel.
Desde el Gobierno
andaluz se considera que la anulación de la licencia es el último
paso previo para iniciar las tareas de demolición del hotel y poder
así restituir la playa a su estado original, si bien mantiene que
"la pelota sobre el derribo del Algarrobico está en el tejado"
del Ayuntamiento de Carboneras.
Por su parte, la empresa
promotora del hotel también solicitó al TSJA continuar con la
ejecución forzosa de la sentencia puesto que, según han alegado,
para revisar de oficio la licencia municipal de obras "no se
precisa" que el ayuntamiento "cumpla" con la otra
sentencia que le obliga a calificar El Algarrobico como "suelo
no urbanizable de especial protección" al ser zona ´C1´ en el
PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
El TSJA
requirió el pasado 9 de febrero al alcalde de Carboneras para que
acreditase en el plazo máximo de un mes que había iniciado el
procedimiento para revisar la licencia que, presumiblemente, debe
concluir con su anulación, pero solo un mes después, la sala
decidió revocar la modificación del PGOU que clasificó el suelo
del hotel "de especial protección".
La sala
anuló en marzo el acuerdo de pleno que desclasificaba como
urbanizable el paraje al considerar que el equipo de gobierno
carbonero que entonces lideraba el socialista José Luis Amérigo lo
redactó con la "intención" de "eludir" el
"verdadero cumplimiento" de la sentencia.
El
TSJA daba la razón tanto a Junta andaluza como a Greenpeace. Antes,
hubo un intento fallido del exalcalde del PP, Felipe Cayuela,
destituido tras la moción de censura, por enmendar el acuerdo y
hacer constar en el PGOU que El Algarrobico está protegido "desde
1994" por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de
Gata-Níjar.
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