Tirar el hotel y recuperar la playa costaría 7,3 millones

Greenpeace estima en 7.320.646 euros el coste de desmantelar de forma selectiva la construcción de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. Se trata de una cifra en la que también está incluida la recuperación posterior de la playa y que difiere de los 8,5 millones de euros que calculó la Junta de Andalucía que costaría el derribo y que no incluía esa restauración medioambiental.

El colectivo ecologista y el equipo técnico de arquitectos y expertos en medio ambiente n’UNDO presentaron ayer un informe con el que se pretende demostrar que “el peor ejemplo del ladrillazo en la costa española puede pasar a ser ejemplo de creación de empleo y de sostenibilidad ambiental”, según ha explicado la responsable de Costas, Pilar Marcos.

El informe, elaborado durante seis meses en base a planos de la construcción, prevé que en la demolición se podrían generar 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir, el 98% del edificio.

Demolición selectiva
Esto se podría llevar a cabo gracias a lo que denominan una demolición selectiva que, frente a la tradicional que genera una gran cantidad de residuos no seleccionados, pasa por el aprovechamiento máximo de los recursos y una reducción de los vertidos. Calculan que se tardaría unos 24 meses y permitiría ahorrar un 11 por ciento de los costes.

Marcos ha explicado que la diferencia entre la estimación del coste que propone este informe y los entre 100 y 300 millones de euros que calculó la Administración del Estado es que estas cantidades incluyen las indemnizaciones a Azata, algo con lo que no está de acuerdo Greenpeace ya que la promotora “sabía que estaba construyendo en la playa”.

Por otra parte, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Javier Hidalgo, señaló ayer que la sentencia del TSJA sobre  El Algarrobico, pone de manifiesto la “incongruencia” de la Junta a la hora de elaborar sus planes de ordenación, lo que a su juicio se traduce en una "inseguridad jurídica enorme" para los promotores y futuros inversores de la provincia. Hidalgo defiende que cuando se visó el proyecto por parte del Colegio de Arquitectos el suelo era “urbanizable”, ya que, en caso contrario, no se hubiera realizado este procedimiento.