El exalcalde y exconcejales imputados por prevaricación comienzan a declarar

El proceso judicial contra el exalcalde de Partaloa, Federico Molina (PSOE), así como contra el actual teniente de alcalde del mismo partido, Antonio Peñuela, continúa adelante tras habérsele imputado a estos y al resto de concejales que entonces formaban parte del Ayuntamiento presuntos delitos de prevaricación por la construcción de unas 29 viviendas en suelo no urbanizable. Según ha podido conocer LA VOZ, algunos de los inculpados por este hecho ya han declarado ante el juez en el Juzgado de Instrucción de Huércal-Overa.

Las construcciones unifamiliares, situadas en el paraje de Retamar, fueron promovidas por Amador Mora Montalvo, a quien la Fiscalía imputa por un delito contra la ordenación del territorio, siendo las viviendas adquiridas, en su mayoría, por ciudadanos de origen británico. Fue el propio Ayuntamiento de Partaloa quien, bajo la Alcaldía de Federico Molina, otorgó las correspondientes licencias el 5 de octubre de 2006.

En el escrito remitido por la Fiscalía Provincial de Almería la Juzgado de Huércal-Overa, se asegura que la autorización para la construcción de estas viviendas fue “emitida a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos -refiriéndose a los concejales imputados- tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente no es posible la concesión de licencias por silencio administrativo cuando son contrarias a la legislación urbanística”. También han sido acusados en este proceso Enrique Montalvo, Francisco Díaz, Juan Pedro Berbel y Antonio González como concejales, por su cargo de ediles en el momento del presunto delito, al guardar “silencio administrativo” ante lo ocurrido en el paraje de Retamar, según la Fiscalía Provincial. Para ellos, así como para Emilio José García -técnico responsable en parte de la segregación de parcelas-, se solicita una pena de ocho meses de prisión, con “inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 años”.

Del mismo modo, la Fiscalía afirma que los informes técnicos necesarios para la edificación de las 29 viviendas en Partaloa fueron emitidos a “sabiendas de su injusticia, pues todos ellos -aludiendo a los acusados- tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente la segregación de parcelas” para las “viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable” y “no autorizable”.

Este proceso ha provocado, como ha sucedido en numerosos casos anteriores con otras viviendas ilegales construidas en el Almanzora, el interés de la Fiscalía por la demolición de las construcciones realizadas en suelo urbano no urbanizable. Un representante de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora -No (AUAN), declaró recientemente que las viviendas amenazadas por una orden judicial de derribo podrían acercarse “al centenar” en esa comarca, a las que habría que sumar las del paraje partalobero de Retamar. En relación a esta situación, la Fiscalía calcula en la documentación enviada al Juzgado que “la demolición y reposición de parcela a su estado primitivo ha sido tasada pericialmente en 134.120 euros”.