Los arquitectos se levantan contra Junta, Diputación y Ayuntamiento

El Colegio de Arquitectos de Almería ha iniciado una ‘cruzada’  a favor “de la transparencia y la legalidad” en la contratación de proyectos urbanísticos por parte de las administraciones públicas y ya ha recurrido adjudicaciones tanto de la Junta como la Diputación o la empresa municipal Almería XXI. El decano del colegio, Javier Hidalgo, insiste en  que la institución que preside tiene la obligación de defender los derechos de los arquitectos.

Considera, Hidalgo, que se han vulnerado estos derechos en la convocatoria que ha realizado la Diputación de Almería para contratar partes del proyecto de la residencia para asistidos que se emplazará entre la actual Residencia Provincial y el Polideportivo Moisés Ruiz, en Carretera de Ronda. El Colegio de Arquitectos ha presentado, en este sentido, un recurso de reposición frente a este proceso de contratación por entender que “vulnera la prohibición de fraccionamiento de los contratos”.

Explica Hidalgo que la ley impide fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que le correspondan. Tal y como aprobó en su día Diputación, esta administración destinaría 59.000 euros a la contratación de un proyecto que fijara las bases constructivas de la nueva Residencia asistida.

“Mediante procedimiento negociado sin publicidad” se contratarían  el cálculo de cimentación y estructuras, el desarrollo constructivo y la delineación del proyecto. “No puede hacerse este estudio sin un proyecto completo”, dicen desde el órgano colegial, desde donde consideran “muy grave” que la Administración “no actúe de una forma transparente”.

Y si este recurso está ya en marcha, el Colegio se ha personado también contra la adjudicación del proyecto de 27 viviendas de protección oficial (VPO) en Costacabana. Una adjudicación que lleva la empresa municipal Almería XXI, a la que ya denunció el Colegio por la fórmula utilizada para adjudicar proyectos similares, también en ese barrio.

“Entonces, el colegio obtuvo una sentencia favorable, pero lejos de corregirse la fórmula, se ha vuelto a actuar mal”, señala el decano de los arquitectos almerienses.

Almería XXI, que recurrió la sentencia citada, utiliza “criterios subjetivos” en la adjudicación, asegura Hidalgo, que denuncia cómo este tipo de empresas “son públicas para lo que interesa, pero adjudican como si se tratara de una entidad privada”. Esto, continúa Hidalgo, “no sólo es ilegal, sino que, además, es inmoral”.

El responsable del Colegio de Arquitectos de Almería reconoce que la situación actual es “muy difícil” para los colegiados y que la Administración no sólo no apoya este sector, sino que actúa en su contra. Al menos, eso es lo que se entiende, dice, tras las últimas adjudicaciones de proyectos urbanísticos. Unos procesos que recurrirán en busca “siempre de la transparencia máxima”.

Y si ya se han presentado recursos frente al Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía tampoco se queda fuera de esta defensa de la legalidad esgrimida por el Colegio de Arquitectos.

En este sentido, el órgano colegial almeriense tiene ya ganada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una sentencia que confirma la ilegalidad de la residencia de ancianos de El Zapillo. Una construcción que, tal y como defendió el Co