El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalidad del centro comercial Gran Plaza revela que la Administración autonómica ha “discriminado” al Consistorio roquetero y “demuestra el seguimiento tan incorrecto que se le lleva a algunos ayuntamientos que no están gobernados por el PSOE”.
En declaraciones a los periodistas en el Palacio Provincial, Amat ha asegurado que “es una pena” que se produzca este tipo de “discriminación”, por lo que ha pedido a “todas las administraciones” que “no tengan discriminación ninguna con cualquier ayuntamiento que no sea del color político” del gobierno de la institución en sí.
Variante de Roquetas
Amat ha hecho referencia a las obras de la variante de Roquetas de Mar para conectar la A-7 con la urbanización del municipio; unas obras que se encuentran paralizadas pese al convenio que el Ayuntamiento y la Administración andaluza firmaron para impulsar su ejecución. “Ese convenio quien empezó a no cumplirlo fue la Consejería y fue la Junta de Andalucía, cuando no aprobó en su tiempo el plan general”.
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