Hasta 11.300 euros se pueden pagar como tasa judicial si se quiere abrir un procedimiento para poder cobrar una factura impagada. Es uno de los ejemplos que ayer dio a conocer el PSOE de Almería de los efectos que va a tener la reforma de las tasas impulsada desde el Ministerio de Justicia y que se ha encontrado con el rechazado de abogados, procuradores, jueces, fiscales y otros profesionales del Derecho.
Solo en esta provincia se calcula que hay un colectivo cercano a los 2.700 letrados y procuradores que pueden ver mermada su entrada de ingresos como consecuencia de los efectos “disuarios” de esta reforma, es decir, que los ciudadanos desistan de entrar en un pleito para recuperar esa deuda impagada, percibir una indemnización por accidente o recurrir una sanción de tráfico. No obstante, en este último apartado, se ha informado que los procesos administrativos no están sujetos a la llamada ‘tasa Gallardón’.
La dirección de los socialistas almerienses dio ayer a conocer los nombres de los culpables de la imposición de los nuevos ‘precios’ judiciales. Al menos los que representan a esta provincia en las Cortes Generales.
Así, el secretario provincial, José Luis Sánchez Teruel, incidió en el hecho de que el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, sea vocal de la Comisión de Justicia del Senado, donde se ha debatido la ponencia sobre esta reforma legal. “Está más tiempo en Madrid que en Almería”, le reprochó.
Los otros nombres que se citaron en la rueda de prensa fueron los de los diputados y senadores Rafael Hernando, Juan José Matarí, Carmen Navarro, Jesús Caicedo, Eugenio Gonzálvez, María del Mar Agüero y Rosario Soto. Considera el PSOE que éstos van a dar a los almerienses como “regalo de Navidad” este incremento de las tasas.
El principal partido de la oposición parlamentaria consideró que el modelo de Justicia del Gobierno del Partido Popular es de “delicatessen’ y de ‘gourmet’, es decir, “para que solo puedan pagársela los privilegiados.
“El PP ha perdido la cabeza”, fue otra de las sentencias que se escucharon en la sede de Pablo Iglesias. “Unicamente en la provincia de Almería, la subida de las tasas judiciales aprobada por el PP se va a traducir en la recaudación de 9 millones de euros”, se ahondó en el argumentario socialista de rechazo a la reforma defendida por el ministro y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
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