La justicia almeriense clama contra las tasas y piensa en la huelga

Las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, unen a todos los operadores jurídicos de la provincia de Almería en un “rechazo frontal”. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados y procuradores van de la mano en una protesta conjunta fundamentalmente contra la nueva Ley de Tasas y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), un malestar que podría acelerar la convocatoria de una huelga en el sector. De hecho, no sólo se debate en la dirección de las asociaciones profesionales sino que, además, se menciona en las reuniones celebradas en Almería. El único antecedente, las dos huelgas de la judicatura del año 2009.

De momento, la plataforma interprofesional celebró ayer tres concentraciones simultáneas en la provincia para mostrar su descontento con la política del Ejecutivo. La Ciudad de la Justicia de Almería acogió el acto central con más de un centenar de personas en torno a proclamas “por el mantenimiento de los servicios públicos”, “una  Justicia de calidad” y el “no a las tasas”. 

Desde el mediodía y durante una hora las manifestaciones se repitieron a las puertas de la Audiencia Provincial de Almería (en la capital) y del Palacio de Justicia de El Ejido. Se trata de la segunda protesta de estas características celebrada en las últimas dos semanas, ambas auspiciadas por el manifiesto de las asociaciones de jueces y fiscales.

“Todos los sectores implicados en la Administración de Justicia reclamamos una rectificación de la gestión actual y la apuesta por una nueva etapa en la que, desde el diálogo constructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves problemas existentes”, recoge el texto.  “Pedimos al Gobierno que escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos quienes mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía”.

Sobre la mesa están dos cuestiones muy controvertidas, aunque no las únicas. Las tasas judiciales elevan los costes y, según los profesionales, limita el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Muchos aseguran que es inconstitucional y se ha iniciado una recogida de firmas para proponer su retirada.

Por su parte, el segundo tema nuclear es la reforma de LOPJ, que la judicatura entiende como un ataque a su independencia. “Resulta imprescindible fortalecer la independencia de los jueces, así como la autonomía y la imparcialidad de la Fiscalía”, expone el manifiesto.

A estos dos frentes se añaden quejas tradicionales sobre la carga de trabajo. Según un escrito de las asociaciones, urge “un aumento de la planta con jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea”. Además, es necesaria “una determinación definitiva de la carga compatible con una justicia de calidad”.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial presentó un reciente estudio sobre los módulos de entrada que es, a la vez, una propuesta para evaluar cuánto trabajo pueden soportar los juzgados y una dura crítica a la situación actual.  De hecho, sólo el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Almería se encuentra por debajo del módulo.

En este campo de batalla y con las conversaciones paradas, se anuncian nuevos capítulos.