Un agricultor lleva a la Junta a juicio por una sanción errónea

Un agricultor de Adra, Francisco Ortiz, tendrá por fin pasado mañana, jueves, el juicio por el que lleva clamando desde que en el mes de febrero de 2004 una partida de pimientos que había llevado a la alhóndiga La Unión fuera inmovilizada por la presencia de un plaguicida prohibido, el Clorfenapir.
Desde el primer momento Ortiz defendió que no se trataba de sus pimientos, ya que nunca había utilizado ese producto, pero el procedimiento sancionador siguió adelante y de el derivó una sanción de 15.000 euros que le pusieron al borde de la ruina y que incluso motivó el anuncio de embargo de su vivienda, obligándole a vender el invernadero.
Ahora este agricultor demanda a la Consejería de Agricultura por provocar una situación grave de seguridad alimentaria y por los errores cometidos en la imposición de aquella sanción. Los representantes legales de la Delegación de Agricultura tendrán que dar las explicaciones que Francisco Ortiz no ha obtenido a lo largo de los últimos ocho años.
El demandante asegura que la inmovilización de su partida de pimientos se realizó sin que se pudiera atrubir al demandante “ningún tipo de prueba, ya que esta partida fue certificada y vendida ese mismo día”. Asegura además que los pimientos con clorfenapir también fueron posteriormente vendidos, bajo autorización del entonces delegado de Agricultura, a pesar de que el clorfenapir estaba considerado un plaguicida peligroso y de ser explícitamente prohibido por parte de la Unión Europea.
Ortiz ya protagonizó una huelga de hambre, en compañía de su mujer, en el mes de julio de 2007, una huelga que llevó a su mujer a ser hospitalizada en Torrecárdenas con problemas de salud consecuencia de aquella acción. Ahora, denuncia que cuando se produjeron los hechos, “ni La Unión ni la Delegación de Agricultura tuvieron a bien corroborar que esa partida no era mía”. Su abogado sostiene que el expediente abierto a Ortiz contiene errores graves como imputarle la sanción  a pesar de que la normativa recoge que si el producto no viene precintado de origen, la autoría de la infracción debería imputarse al tenedor, en este caso la mercantil La Unión. En el acta de inspección los funcionarios actuantes en ningún momento hacen referencia al estado de la mercancía inspeccionada, si dispone o no de precinto y otras cuestiones básicas en el procedimiento.
“Yo no me rindo”
Francisco Ortiz tiene claro que a pesar del tiempo transcurrido tiene derecho a la restitución de sus derechos. Tras la demanda contra la Junta, asegura que acreditará que la partida inmovilizada no correspondía a su finca, y solicitará el amparo de la Justicia para que le resarzan de todos los daños que ha sufrido en los ocho años que lleva esperando que se haga justicia con su caso. Asegura que en este tiempo le han reconocido varias veces que tenía razón, “pero no me dieron nunca una solución a esta injusticia”.