Alrededor de 10.000 personas viven en las 2.700 viviendas para alquiler que la Junta mantiene en la provincia

Actualmente, la Junta de Andalucía gestiona en la provincia de Almería 2.700 viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler. En ellas viven cerca de 10.000 personas de familias con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social, las cuales pagan cada mes entre 20 y 50 euros de alquiler.

Se trata de viviendas que la Consejería de Fomento y Vivienda pone a disposición de familias con escasos recursos económicos, que no pueden acceder al arrendamiento libre, que en muchas ocasiones están en situación de exclusión social, y que no tienen ningún inmueble en propiedad.

Tan sólo 10 de estas viviendas están sin ocupar, a la espera de que los ayuntamientos de los siete municipios donde se encuentran las adjudiquen utilizando el registro municipal de demandantes de vivienda protegida.

Cuatro personas por hogar

La media de ocupación de estas viviendas es de cuatro personas, ya que la gran mayoría son familias formadas por los dos padres y dos hijos. El alquiler oscila entre los 20 y 50 euros mensuales, en función del número de metros cuadrados de superficie que tenga la casa y el número de dormitorios que la conforman.

El dinero recaudado por la Junta con estos alquileres sociales se vuelve a invertir en el mantenimiento y conservación de los inmuebles, así como en diversos programas para la reinserción social de estas personas.

No obstante, las familias que vean mejorada su situación económica y social y deseen adquirir en propiedad su vivienda, pueden hacerlo; ya que la Junta se la vende por un precio determinado en función de las características de la vivienda. Hasta ahora, 838 familias almerienses han adquirido la casa que antes ocupaban mediante este alquiler social. 

Inversión para 2013

Este año la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, destinará 400.000 euros (un 200% más que en 2012) al mantenimiento y conservación de estas 2.700 viviendas, así como a los programas de intervención social que lleva a cabo con estas familias.

A esta partida concreta hay que añadir los gastos derivados de la gestión del parque público de viviendas en Almería, la cual incluye la gestión de la ocupación de las viviendas, con atención al público, y la gestión de los elementos comunes de los edificios. La EPSA también se encarga de la preparación de los bienes para su ocupación y de la gestión de los cobros de los alquileres y de las situaciones de morosidad por parte de los inquilinos.

Este aumento de fondos responde a la decisión de la Junta de Andalucía de reforzar la intervención integral en las viviendas públicas, “que cumplen una función social y de servicio público, por cuanto ofrecen la posibilidad de alojamiento para sectores de la población con condiciones socioeconómicas más desfavorables. Con esta apuesta por el parque residencial se pretende dar respuesta a la demanda planteada por las familias con menos recursos en una situación de crisis como la actual”.