Griñán cree legal expropiar casas y avanza que habrá más medidas

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer que el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas” es “plenamente constitucional” y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria “si considera que hay inseguridad jurídica”.

Griñán se ha pronunciado de este modo después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, haya alertado sobre la “inseguridad jurídica” del decreto y haya acusado al Ejecutivo andaluz de “manipulación política” en el tema de los desahucios para “confundir” a los ciudadanos.

El presidente de la Junta ha indicado que tiene la “tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional” y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que “el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social”.

“Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social”, ha añadido Griñán, quien también se ha referido al derecho comparado, asegurando que en muchos países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, se aplica una “confiscación” de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.

Tras insistir en que son medidas que tratan de paliar el problema y que no van a ser las últimas que la Junta dedique a luchar contra la exclusión social y las desigualdades, el presidente de la Junta ha querido hacer hincapié en que el Gobierno andaluz seguirá tomando decisiones en este sentido. “Hemos dado un primer paso y no será el último”, ha advertido.

Griñán, que ha negado que las sanciones establecidas tengan afán recaudatorio, ha dicho que se producen “porque hay un problema social que queremos solucionar”. A su juicio, cuando hay tantas miles de viviendas sin ningún uso y tantas familias que no disponen de techo o de acceso a la vivienda, “es una función de cualquier gobierno con sensibilidad poner o buscar las posibilidad de que esas viviendas puedan ser accesibles a través de una fórmula que está en el Código Civil”.