La Junta defiende la medida por la situación de “emergencia social”

El nuevo decreto andaluz sobre la función social de la vivienda permitirá la expropiación temporal de inmuebles cuyos ocupantes sean objeto de procedimientos de desalojo e incorpora también sanciones a entidades financieras y promotoras que no faciliten el arrendamiento de su parque residencial.
La nueva normativa, que entra hoy en vigor, fue calificada ayer la por delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, como “una medida de importante calado social y que sitúa a Andalucía como referente de la función social de la vivienda”.
Añadió Ferrer que “esta iniciativa responde a una situación de emergencia social con familias en riesgo de exclusión social con una defensa de los intereses generales frente a los particulares”.
En opinión de la delegada “es es una medida legalmente impecable y socialmente necesaria, no podemos seguir inflando la burbuja inmobiliaria y que no haya viviendas sin gente y gente sin viviendas”.
La delegada territorial de Fomento, Turismo y Vivienda, Encana Caparrós, indicó que “se trata de un compromiso del Gobierno con los ciudadanos, no podemos consentir que siga habiendo 45 desahucios diarios y no hacer nada”.
Se incentivará con este decreto el arrendamiento de inmuebles y anunció la delegada que se trabajará en un registro de viviendas vacías en la provincia, puesto que no está definido su número exacto. 

 Los promotores inmobiliarios de la provincia han recibido con escepticismo la entrada en vigor del nuevo decreto andaluz sobre la vivienda y con cierta dosis de asombro. El presidente de la asociación de promotores de Asempal, José Luis Muñoz, ha indicado que “esta norma podría vulnerar el derecho a la propiedad y nuestros servicios jurídicos estudiarán posibles acciones legales”. Gabriel Calvache, de Tecovial, “no se entiende que nos quieran sancionar con 9.000 euros, somos los primeros en querer vender o alquilar nuestras viviendas”. José García, de Joigca incide en que “no entiendo nada de esto, tengo viviendas de VPO en las que aún no he recibido las ayudas de la Junta”. Francisco Rivas, del Grupo Oliveros, indica que “el sector está enfermo y con esta medida se atacan los síntomas en vez de la causa”. Miguel Gem, de Macenas Golf, cree que el decreto va más bien dirigido a los bancos, “no lo veo tan mal”.