La Junta muestra a los profesionales cómo usar el decreto antidesahucios

El decreto de Función Social de la Vivienda promulgado por la Junta de Andalucía el 9 de abril revoluciona las fórmulas para luchar contra la avalancha de desahucios que sufre el país. Por primera vez, una administración se dota de instrumentos para expropiar viviendas a las entidades financieras para favorecer a los ciudadanos.
Para explicar las líneas maestras de la ley, propugnada por Izquierda Unida en sus competencias al frente de la Consejería de Fomento y Vivienda, la Junta organizó ayer un encuentro con trabajadores sociales, técnicos de consumo y ayuntamientos almerienses en el salón de actos de la biblioteca Francisco Villaespesa de la capital.

La apertura de la jornada sobre el Programa andaluz en Defensa de la Vivienda corrió a cargo de la delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, la delegada territorial de Vivienda, Encarna Caparrós, y la secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería, Amanda Meyer.

“Nos situamos de parte de las víctimas, pusimos en marcha el Programa en Defensa de la Vivienda y abrimos en cada provincia las oficinas para prevenir los abusos hipotecarios, para intermediar en los procedimientos de ejecución hipotecara y proteger a quienes ya han recibido el aviso de lanzamiento y no tienen alternativa", explicó Meyer. “El decreto pretende asumir la responsabilidad de la comunidad autónoma, recuperar el derecho humano a la vivienda y que se la administración pública quien lo regule”.

Alquiler

Según la secretaria general, el caso de las viviendas deshabitadas en Almería es “terrible” porque tiene “el mayor promedio de Andalucía y de España”. La Junta de Andalucía cree que la mitad de estos inmuebles están en manos de las entidades financieras y la posibilidad de expropiarlas, como “medida coyuntural”, podría reactivar el mercado del alquiler.

La nueva norma autonómica ha levantado dudas en el Gobierno central sobre sus base legal y malestar entre las propias entidades bancarias. No obstante, otras comunidades siguen de cerca la evolución. El Gobierno canario anunció ayer que seguiría la senda abierta por Andalucía y también expropiará vivienda en casos de familias en riesgo de exclusión. “Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años”, recoge el decreto andaluz.

Amanda Meyer ofreció su colaboración a otras comunidades interesadas en desarrollar el proyecto en sus territorios. "Estamos encantados de colaborar con otras Comunidades y deseosos de que se sumen a esta medida”.

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