El Congreso aprueba la Ley de Costas con solo los votos del PP

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988 no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

Anchura de servidumbre
Una de las cuestiones que más polémica ha despertado ha sido la anchura de la servidumbre de protección que es de 100 metros y que en la nueva Ley se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988 y que para los grupos ecologistas y otras organizaciones y partidos políticos supone abrir la posibilidad para que permanezcan muchas viviendas y enclaves costeros (sobre todo en Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana) que, según la anterior norma debían desaparecer.

Sobre las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, se prorrogan hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público. En este punto, algunas voces han alertado de que se ha primado los intereses particulares sobre los generale sy se ha obviado el riesgo que la situación de estas viviendas puede acarrerar en caso de temporales fuertes  o de la subida del nivel del mar.

En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que “se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas”.

La Ley ha salido adelante solo con los votos del Partido Popular. Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al boom inmobiliario y consecuente crisis económica.

Tampoco contenta esta reforma a la Plataforma de afectados por la Ley de Costas, quienes siguen rechazando el concepto de concesión y reclaman la propiedad.