La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la incoación de procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del exsecretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil Círculo Agroambiental para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
El auto desestima el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la resolución del juzgado instructor y coincide en que los dos imputados pudieron “impedir” con su actuación “la ejecución de lo dispuesto en sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente” y, por tanto, no procede el sobreseimiento libre de la causa.
“Esto supone la procedencia de continuar la causa hasta llegar a la depuración de la procedencia de tales resoluciones, dando lugar a un mayor y mejor conocimiento de los presuntos hechos objeto de la querella y la posible participación en ellos de cada uno de los imputados”, sostiene el tribunal, que ratifica, en esta línea, el archivo de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente Clemente García ya que “no dictaron materialmente las resoluciones” por la que se paralizó de la obra.
La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por Círculo Agroambiental, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003 para la construcción de un hotel en Campillo de Gata, en la barriada de Pujaire, en pleno parque natural de Cabo de Gata Níjar.
Vulnerar la normativa
La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada. La jueza indicó en el auto por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada “materialmente” por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentaban indicios de ser “arbitrarias” ya que “impidieron la ejecución de actos administrativos firmes” en alusión al fallo del Supremo.
La resolución de la Junta objeto del procedimiento advertía tanto a Círculo Agroambiental como al Ayuntamiento de Níjar que no podría “ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente” al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de “altamente improbable”, ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario.
Continúa el expediente de la Junta
La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra Círculo Agroambiental al estimar que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando este dio inicio a los trabajos previos para la construcción del hotel al carecer de autorización ambiental unificada.
El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta consideró que el inmueble era “incompatible ambientalmente” con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona B2 o área natural de interés general.
Herederos de Eguizabal
La mercantil propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Seprona y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.
La posibilidad de la cosntrucción del hotel, en la zona conocida como Campillo de Gata, provocó movilizaciones de ecologistas y vecinos que consideraban que el complejo ponía en peligro la conservación de la zona.
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