Un agente reclama al Estado 120.000 euros por suspenderle

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de un agente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar que solicitaba al Estado el pago de 120.000 euros (más los intereses legales) de indemnización por los supuestos daños morales provocados por dos suspensiones de empleo y sueldo.

El guardia civil fue detenido e imputado en dos operaciones en el año 2001 y, según su argumento, sufrió “graves daños psicológicos”. En primer lugar, el agente fue implicado en una trama de prostitución y revelación de secretos desarticulada en el municipio roquetero en febrero de ese año. Y, luego, en el mes de octubre, sus propios compañeros volvieron a arrestarlo en una investigación contra las redes de tráfico de hachís asentadas en el norte de Marruecos.

Aunque Interior acordó la suspensión del imputado, que llegó a pasar por el centro penitenciario de Sevilla (con una unidad de seguridad para funcionarios), en ambos casos quedó absuelto y libre de cargos. Con este aval, el guardia acudió a los tribunales para buscar la reparación económica del "desagravio". Sin embargo, el TS no comparte los argumentos jurídicos y desestima las pretensiones del agente, al que se restituyó sueldos y hoja de servicios.