Pide a la Junta que rompa el convenio con la guardería

Un centenar de socias de la Asociación Amas de Casa Virgen del Carmen y padres y madres del centro de educación infantil que gestiona este colectivo se concentraron ayer a las puertas de la guardería para protestar por los  despidos que se produjeron el pasado lunes y “por la bajada en la calidad del servicio que presta este centro a los pequeños”. Por ello, este colectivo va a pedir a la Junta de Andalucía que rompa  el convenio existente con la guardería.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se trasladó hasta el centro para respaldar las peticiones de la mayoría de miembros de la asociación más antigua del municipio, que gestiona la guardería, junto con el concejal de Educación, José Andrés Cano, y la responsable de Educación del Consistorio, Inés Blasco. Además, todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento ejidense también estuvieron presentes en la concentración.

“La limpiadora del centro y actual vicepresidenta segunda de la asociación, Gádor Martín, impidió la entrada a una comisión de tres socias fundadoras, que le solicitaron información sobre las medidas que se están adoptando unilateralmente por personas que nunca han pertenecido al colectivo y que no consultan con los órganos preceptivos, como el Consejo Escolar”, señalaron ayer desde la asociación. “En vista de la negativa, el alcalde ejidense solicitó permiso para entrar en el centro y, en su interior, se reunió con el abogado que representa a la actual directiva, sin poder recibir apenas información, ya que la presidenta no se encontraba y la directora carece de cualquier documentación, ya que se incorporó el lunes al organigrama de la guardería. A su salida, el regidor expresó su sentimiento negativo en relación con este conflicto que, según apuntó, sólo se podrá resolver en los tribunales”, explicó ayer el colectivo.

En este sentido, Góngora avanzó, según la asociación, que el Ayuntamiento va a emprender medidas judiciales para intentar normalizar el funcionamiento de la guardería, medidas entre las que no descarta incluso la vía penal.

Adoración Gómez, presidenta de la directiva fundadora de la asociación, señaló ayer que en los próximos días se hará una petición formal a Educación para que suspenda el convenio y deje de enviar dinero al centro.

“No sabemos en qué se invierte”

“No sabemos en qué se está invirtiendo el dinero público, que supera al año los 300.000 euros”, manifestó ayer la asociación. “Se le deben nóminas a las trabajadoras, en algunos casos, desde el mes de mayo; no se atienden los pagos a la Seguridad Social, ni la Agencia Tributaria”.