En Almería se han derribado 12 casas ilegales en 8 años

La Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería ha puntualizado que en los últimos ocho años se han demolido “en aplicación de disposiciones legales vigentes” 14 inmuebles ilegales en la provincia, de los que 12 son viviendas (los otros dos eran naves industriales) y de los que solamente tres correspondían a ciudadanos británicos.

Así han respondido desde la Junta a las críticas vertidas por el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien señaló que el Patronato Provincial de Turismo deberá acudir a la World Travel Market (WTM) de Londres a “lavar la imagen” de la provincia ante los últimos dos derribos de viviendas en Cantoria en las que vivían ciudadanos ingleses, lo que ha generado “quejas” de touroperadores e “inseguridad jurídica”. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se ha manifestado que la “inseguridad jurídica” a la que hace referencia el portavoz de la Diputación “es consecuencia del cumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas firmes” de forma que “no puede generar inseguridad jurídica” dar cumplimiento a las leyes.

Según los datos de la Junta, la mayor parte de los inmuebles ilegales demolidos en Almería son de ciudadanos españoles, así, de los 14 inmueblesderribado, once eran titularidad de españoles y tres de ingleses. De las 14 demoliciones, once han sido practicadas por sus titulares a requerimiento de la Administración y las otras tres han sido demolidas por la Junta “ante el incumplimiento de la resolución administrativa o judicial que lo acordó”.

Once de españoles

Las once edificaciones demolidas por sus propietarios son de ciudadanos españoles y las tres ejecutadas por la Administración son de británicos. En el caso de las dos viviendas de Cantoria, el incumplimiento de la resolución judicial es del promotor, que es español.
De las 14 demoliciones, 6 fueron en Rágol, 2 en Vícar, 2 en Cantoria, 2 en Albox, una en Vera y una en Felix. Asimismo, apuntan que " que en Andalucía, en los últimos ocho años, se han llevado a cabo 64 demoliciones”.

La Junta cree que “cuestionar una resolución judicial” como la que ha dado lugar al derribo de estas dos últimas viviendas ilegales así como a la inhabilitación del exalcalde de Cantoria Pedro Llamas (PP) genera “mayor inseguridad jurídica”.

Además recuerdan que el Tribunal Supremo, en este último caso, “ha fallado con la condena del promotor de la actuación como autor de un delito contra la ordenación del territorio” de modo que, entre otras cuestiones, “también ha sido condenado a responder de los gastos de la reposición y a la indemnización a los particulares por los gastos satisfechos por la compra de las viviendas” que fueron adquiridas por los ciudadanos británicos.