División ante la Ley de Seguridad Privada

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la nueva Ley de Seguridad Privada, que pretende reforzar y ampliar las competencias de los vigilantes. La norma causa una enorme polémica en el mundo judicial y en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en lo referente a las nuevas facultades concedidas a las empresas de seguridad privada.

La reforma, ahora a expensas de ratificación en el Senado, permitirá a los guardias identificar y detener en la vía pública antes de avisar a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Además, recoge la posibilidad de ceder datos sobre seguridad  guardados en bases oficiales.
Así pues, la Ley de Seguridad ha generado división de opiniones. En la provincia de Almería actualmente hay 2.000 vigilantes de seguridad privada acreditados para ejercer. El Cuerpo Nacional de Policía asume las competencias de control y registro. La Comisaría Provincial tiene un departamento dedicado a los contactos con las once empresas desplegadas en el territorio de la provincia y realiza frecuentes encuentros para coordinarse ante campañas especiales de seguridad, por ejemplo, en Navidad.

En Almería no hay representación asociativa en el sector. No obstante, la patronal de las asociaciones de seguridad privada Aproser valora la reforma porque supone “actualizaciones lógicas” que “en algunos casos ya eran prácticas habituales”. Además, asegura que “respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos”.

En este sentido, Interior ha defendido la norma. “En ningún caso esta nueva ley permite la detención arbitraria de ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad”, afirma en una nota. La Confederación Española de Policía (CEP) considera la ley “acertada”, aunque matiza que su apuesta es “por una seguridad pública de calidad”.

Más críticos se muestran otros colectivos. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP)   denuncia “el negocio de la seguridad privada” y cree la ley  “no protege información sensible”. Mientras, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) habla de una “privatización encubierta”.