Un juez obliga al Ayuntamiento a tener un mapa de ruidos y cumplir un acuerdo plenario

Un juez de lo contencioso-administrativo ha obligado al Ayuntamiento de Níjar a que elabore un mapa de ruidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y dé cumplimiento así a un acuerdo de Pleno de 2013 para la adopción de medidas para el control de la contaminación acústica en el término municipal.

El auto de medidas cautelares, contra el que cabe recurso de apelación, emplaza al Consistorio a que el plazo de 15 días a partir de la notificación de la resolución dé los pasos “necesarios” para “llevar a buen fin” este acuerdo plenario.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 falla a favor de las cautelares interesadas por Amigos del Parque Natural que, en febrero, emprendieron esta vía por inactividad administrativa del Ayuntamiento en materia preventiva y no aprobar un mapa de ruidos conforme a la legislación sectorial estatal y andaluza.

En concreto, el magistrado Tomás Cobo subraya que el Consistorio “no ha alegado cuestión alguna” en relación a la petición que realizó el colectivo conservacionista y concluye que, como “ni tan siquiera ha presentado un escrito de oposición pese a que fue emplazado”, no se pueden analizar “los posibles perjuicios” que este fallo ocasionaría “que no se desprendan de forma objetiva”.

De esta forma objetiva, señala que no se aprecia que la orden de la medida cautelar pueda “ocasionar perturbación grave de los intereses generales o de tercero” y alude a que en este caso concurre la circunstancia de que el Ayuntamiento está obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tienen derecho a reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación.

Amigos del Parque sostiene en su recurso que se hace necesaria la aprobación un mapa de ruidos para, de este modo, “garantizar” la preservación de los valores medioambientales y la calidad de vida en los núcleos del parque natural durante el periodo estival, “cuando se duplica la población residente”.

Entiende que el Ayuntamiento  está “incumplimiento de forma reiterada” las obligaciones en materia de ruidos al no aprobar ni mapa de ruidos ni una ordenanza  de protección de medio ambiente y señala que “da la sensación” que las “escasas” actuaciones “se producen de forma desordenada y desproporcionada sin ser resolutivos con los problemas”.