Moción socialista en el Senado sobre la indemnización a dueños de casas ilegales

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados se ha comprometido a presentar diversas iniciativas parlamentarias para defender a los propietarios de buena fe de viviendas declaradas fuera de ordenación y tratar de garantizar una indemnización a los ciudadanos que, de buena fe, adquirieron inmuebles que están fuera del ordenamiento jurídico, para garantizar que puedan adquirir o alquilar otra vivienda.

En una reunión mantenida ayer  por el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, con los portavoces de Fomento del Congreso y del Senado, José Luis Gordo y Juan Manuel Fernández, la portavoz de vivienda, Leire Iglesias y la diputada Gracia Fernández, se estudiaron distintas propuestas relacionadas con la protección de los terceros de buena fe, residentes habituales de viviendas declaradas fuera de ordenación.

Según la actual redacción del artículo 319.3 del Código Penal estos propietarios, que adquirieron de buena fe su vivienda a promotores que actuaron al margen de la legalidad, pueden sufrir la demolición de su vivienda habitual, pese a no tener garantizada una indemnización para adquirir o alquilar otra.

En la reunión, se acordó la presentación de una enmienda en el Senado a la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación. Dicha enmienda consistiría en la modificación del citado artículo 319.3 en el sentido de exigir una garantía de indemnización para el propietario de buena fe y que éste no pueda ser privado de su vivienda habitual a través de la demolición, en tanto no se garantice que va a ser indemnizado por el promotor que se lucró con su venta.

La enmienda también contemplará modificaciones, acordes con esta sensibilidad hacia el adquirente de buena fe,  en el artículo 4 de la Ley del Suelo. Asimismo, se plantearán diversas proposiciones no de ley en los próximos días.

Según ha explicado el secretario de Política Federal, estas propuestas van en consonancia con las medidas anunciadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, para cuya aplicación efectiva es necesaria la modificación de la legislación estatal.

“En ningún caso, se debe ver en la calle una familia que ha comprado una casa de buena fe; deben pagar los auténticos responsables que se enriquecieron con estas actuaciones y no las personas que invirtieron sus ahorros pensando que hacían una compra legal”, ha asegurado Antonio Pradas.