El pasado viernes y tras meses de avisos, Mercedes García Fornieles dejaba el camping que durante 12 años había sido su negocio y hogar. El lanzamiento judicial que pesaba sobre su gestión en el camping se hacía realidad. Consternada por el suceso, García denuncia ahora que la no renovación de contrato se debería a “una campaña de desprestigio” y de “acoso” iniciada desde el Ayuntamiento de María y desde la delegación territorial de Medio Ambiente.
Desalojo
Amparados por el auto emitido el pasado 10 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Almería, mediante el que se autorizaba el lanzamiento administrativo de García, agentes de seguridad obligaban a la empresaria a abandonar el emplazamiento. Horas más tarde la administración hacía pública la notificación de la salida a concurso público de la gestión del camping, una vez “finalizado el plazo del acuerdo de colaboración suscrito en 2003 por la antigua pública Egmasa -actualmente Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía- y García para la gestión de este equipamiento de uso público ubicado en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez”.
La empresaria, que denuncia no haber recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún órgano competente, abandonó el lugar exigiendo que “al menos” le compensaran “por los 400.000 euros invertidos” en el camping.
Denuncia el acoso
Calificando las actuaciones llevadas a cabo como “más propio de una república bananera” o de “un capo de la mafia”, García arremete contra la administración local asegurando haber sufrido “una campaña de desprestigio”, en la que miembros de la corporación municipal “se dedicaban a localizar en el pueblo a los clientes para tratar de convencerlos de que presentaran quejas sobre el funcionamiento y la gestión del mismo”, y en la que con asiduidad se enviaba “a la Guardia Civil a inspeccionar”. Además, García asegura haber recibido llamadas constantes de la delegación de Agricultura y Medio Ambiente para invitarle a marcharse con frases como “vete ya de ahí”. La ex gestora del camping asevera por otro lado no haber recibido “oficialmente por escrito el desahucio”, y es más, compromete de nuevo a la administración afirmando que las notificaciones colgadas en los tablones de anuncios del Consistorio sobre el lanzamiento a pesar de tener el “membrete de la Junta de Andalucía, no están firmados y sellados por ninguna autoridad”. La nueva gestión del camping, cuya página web permanece ahora fuera de servicio, dependerá de las ofertas que reciba la delegación de Medio Ambiente.
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