El Defensor del Pueblo pide cuentas a los políticos por las viviendas ilegales

El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una dura queja sobre la “corresponsabilidad” de los políticos en la proliferación de viviendas ilegales en el Valle del Almanzora por las que pide exigir “responsabilidades” a las “autoridades y demás personal a su servicio”.

En un informe abierto de oficio tras conocer la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Albox a indemnizar por daños morales a dueños de casas construidas en el año 2004 bajo el gobierno del Partido Popular, el Defensor del Pueblo se muestra “preocupado” porque sean los ciudadanos quienes afronten este gasto a pesar de “estar clara la responsabilidad de quienes, con su pasividad, dieron lugar” a estos hechos.

Negligencia

El Defensor del Pueblo asegura que “no puede entender” que sea “el Ayuntamiento quien tenga que responder con dinero destinado a atender las necesidades de toda la ciudadanía por la negligencia y pasividad de determinadas autoridades que, pudiendo impedir estos hechos, no actuaron conforme a lo que era de esperar en un Estado de derecho.  La misma institución, en el comunicado emitido en el mes de octubre de 2014, considera “cierto” que “las autoridades del Ayuntamiento ni ejercieron sus competencias” para “garantizar el orden urbanístico ni dieron cuenta a los tribunales de justicia de la comisión de delitos, siendo por ello corresponsables de la situación”.

La sentencia a la que hace alusión el Defensor del Pueblo Andaluz fijó una indemnización a pagar por el Ayuntamiento de Albox de 142.800 euros como responsable civil subsidiario, rechazando a la vez ordenar la demolición de los inmuebles al considerar que esto causaría “más perjuicios que beneficios” ya que, según señalaba, las viviendas “podrían ser legalizadas” en un plazo “que depende de los trámites administrativos” y los perjudicados compraron de "buena fe”.

No quisieron actuar

Las críticas por la actuación política de entonces son claras y sin ambigüedades. Para el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, los gobiernos municipales tenían un abanico de posibilidades para actuar frente a lo que estaba ocurriendo, ya que al tener las administraciones locales las competencias urbanísticas  que podían “resolver un expediente de restauración de la legalidad urbanística e imponer sanciones”; algo que “no hicieron”.

Traslado a la justicia 

Pero además, Maetzu añade en la queja elaborada que al tratarse “de actuaciones tipificadas en el Código Penal, ni siquiera era necesario que el Ayuntamiento hubiera desplegado tales instrumentos legales”, sino que “debió haber puesto directamente en conocimiento de la autoridad judicial” lo que sucedía.

Volviendo al presente, las recomendaciones del Defensor del Pueblo se centran en que, una vez que sean indemnizados los afectados, se exija a las “autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia grave, previa instrucción del proceso que reglamentariamente se establezca”. Autoridades políticas que, indica el documento, “con su pasividad facilitaron” los hechos por los que hoy pagan los ciudadanos.

Albox: Apertura de una comisión de investigación

A raíz de la fianza de 3,1 millones de euros impuesta por un juez al Ayuntamiento de Albox en el caso que afecta a 98 viviendas irregulares propiedad de ciudadanos británicos en el paraje de El Romeral-La Aljambra, la Corporación albojense aprobó recientemente en Pleno una comisión de investigación para investigar a posibles responsables de este caso que involucra a casi un centenar de casas levantadas entre 2004 y 2006. Recoge así las peticiones del Defensor del Pueblo Andaluz con una iniciativa propuesta por el Gobierno municipal del PSOE y aprobada por unanimidad con el voto a favor de la oposición del PP.