Greenpeace ha pedido a las administraciones que derriben el hotel El Algarrobico, en Carboneras, sea cuál sea el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre si los terrenos son o no urbanizables, que está previsto que se conozca durante el mes de septiembre. Así lo han explicado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, y el abogado José ignacio Domínguez, durante la presentación del estudio El Algarrobico: Un informe sobre el despropósito empresarial y judicial del hotel.
El Supremo tiene que resolver sobre el recurso interpuesto por Greenpeace contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2014 calificó los terrenos como urbanizables. De este modo, el TS resolverá si los terrenos donde está ubicado el hotel de El Algarrobico son urbanizables o no y si son propiedad de la Junta de Andalucía.
No obstante, independientemente de cuál sea el fallo, Greenpeace manifiesta que “el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas, puesto que está dentro de los 100 metros de playa que la ley establece como no construibles”. A ello la ONG añade que el hotel está situado en zona protegida, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Domínguez recuerda que ya existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que avalan el incumplimiento de la Ley de Costas y que, de hecho, en 2012 este tribunal denegó a la promotora Azata del Sol ser indemnizada ante la decisión de demoler la construcción, puesto que la empresa solicitaba 70 millones de euros.
En su informe, Greenpeace desvela “el turbio historial de la promotora Azata del Sol”. En su estudio, la organización identifica hasta “ocho casos en los que el conglomerado empresarial de Azata (que incluye hasta 20 empresas) ha realizado operaciones similares a la de El Algarrobico que vulneran la normativa ambiental y urbanística”. En concreto, el abogado ha señalado el caso de La Lobilla (Estepona), Boadilla del Monte (Madrid), o Costa Ballena (Rota, Cádiz).
Azata denunciará
Precisamente, Azata del Sol ha anunciado que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el informe hecho público por Greenpeace ya que, según ha remarcado, está “completamente plagado de falsedades”. “Ante este informe no nos queda más remedio que encargar a nuestros servicios jurídicos el estudio de cuantas acciones judiciales nos asistan para obligar a corregir esas difamaciones que sobre nosotros se han hechos”, ha trasladado a Europa Press el subdirector general de la empresa, José Rodríguez.
Además, este responsable de la promotora ha asegurado de forma tajante que Azata “nunca ha estado involucrada en ninguno de los procesos judiciales de corrupción que se mencionan”.
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