Los trágicos hechos que llevaron a una mujer a la tumba sucedieron durante el 4 de marzo de 1981, en la barriada de Overa del término municipal de Huércal Overa. Esa mañana, María Asensio junto con otro nutrido grupo de vecinos salieron a las calles del pueblo en señal de protesta, porque una empresa de Cuevas de Almanzora pretendía extraer el agua de los pozos de la zona con la intención de regar unas fincas cercanas, imposibilitándoles continuar con el cultivo tradicional de naranjas y limones en la zona porque este tipo de maniobra podría ser perjudicial para el riego de sus cultivos por falta del liquido elemento.
Unas horas antes de ocurrir el suceso los vecinos acordaron reunirse en el cortijo de María Molina para decidir las medidas de presión que iban a adoptar como protesta para frenar las intenciones de la empresa.
Desde el cortijo se dirigieron a pie hasta la iglesia parroquial mientras el estado emocional de los vecinos era cada vez mas angustioso y los ánimos se iban encrespando por momentos. Unánimemente, se oponían rotundamente al proyecto de la empresa “Explotaciones Agrícolas del Almanzora”, porque los pozos de agua del que dependían sus cultivos estaban bajando de nivel y no había suficiente agua para regar sus campos.
Los acuerdos entre vecinos y empresa no prosperaron por lo que las comunidades de regantes decidieron trasladar el asunto a los tribunales de justicia. El pueblo, una vez conocido el veredicto de los tribunales. se desató en contra del dictamen emitido por la autoridad judicial y decidió salir a la calle para protestar por dicho auto.
María Asensio de 32 años de edad, madre de dos hijos, falleció diez días mas tarde delos incidentes en la residencia de la Seguridad Social de Murcia, a consecuencia del fuerte golpe sufrido durante la manifestación, cuando los agentes de la Guardia Civil trataba de mantener el orden publico entre los vecinos y ordenarles su dispersión.
Los agentes, cumpliendo ordenes del Gobierno Civil hicieron uso de botes de humo y pelotas antidisturbios contra los vecinos, que cortaban la carretera e impedían la circulación de los camiones que transportaban las cañerías de conducción de las que debía extraerse el agua.
Según la versión del Gobierno Civil de Almería, la mujer falleció de forma accidental al caerse al suelo y golpearse la cabeza contra una piedra. En opinión de los familiares y manifestantes para ellos la versión era un tanto diferente indicando que la víctima, murió a consecuencia de la actuación "desproporcionada de la Guardia Civil" y el golpe recibido fue por el impacto de una pelota de goma disparada a corta distancia que le provocó una profunda brecha en la cabeza.
Conocidos todos los extremos la Audiencia Provincial de Almería citó a declarar al capitán de la Guardia Civil que mandaba las fuerzas tras el recurso presentado por el marido y familiares de la víctima, protestando por el archivo de la causa y reclamando el procesamiento del oficial cuyos efectivos a sus ordenes reprimieron a los manifestantes.
El informe del centro sanitario atribuyó la muerte de la mujer a un fuerte impacto recibido a escasos metros, mientras que un informe de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Granada apuntaba que las heridas mortales se produjeron al golpearse la mujer con un objeto contundente como un palo, una barra de hierro o una piedra.
La Guardia Civil sostuvo en todo momento, como se evidenció posteriormente en el transcurso de las investigaciones, que la infortunada mujer, arrollada por la avalancha de personas congregadas, al disolver los agentes la concentración, cayó al suelo con la mala fortuna de golpearse en la cabeza con una piedra o la reja de un arado, antes de que los agentes de la Benemérita hicieran uso del material antidisturbios.
La versión oficial señaló en su día que las heridas se produjeron de manera fortuita, como consecuencia de un resbalón o haber sido empujada por los propios vecinos ante el retroceso masivo de los congregados cuando la Guardia Civil anunció que se disponían a despejar la concentración.
Según publicaron algunos medios de comunicación, fue también citado a declarar ante los Tribunales, por exhorto y ante un juzgado de instrucción de Almería, el abogado Darío Fernández Álvarez, que en aquella época era el letrado que defendía los intereses de la empresa que pretendía emplear el agua de Overa y que desencadenó en el terrible suceso. Darío Fernández Álvarez, meses después de este incidente, asumió la acusación privada por las víctimas del llamado Caso Almería
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