Crónicas del ayer: policías y narcos, amistades peligrosas

La denominada 'Operación Hiena', desarrollada en la provincia de Almería, estuvo a cargo de agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria saldándose con el balance de once detenidos y con la intervención de más de 5.000 kilos de resina de hachís. Una operación preparada minuciosamente durante varios meses y en cuya nómina de detenidos se encontraba un agente del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito al Grupo de Estupefacientes.

La operación en sí llevó aparejada otra serie de circunstancias. La detención del agente almeriense, que ingresó en Acebuche y a las pocas semanas trasladado a la prisión de Sevilla 2, fue un duro golpe para los hombres y mujeres de la Comisaría Provincial. El funcionario, perteneciente a la escala básica, llevaba en el grupo antidroga desde casi su creación al mando del entonces inspector Custodio Hidalgo. Estaba conceptuado por sus compañeros como un buen policía y manejaba una amplia red de contactos y entresijos con gente vinculada al narcotráfico, “confidentes”, que le valió para potenciar su labor informativa para el trabajo del resto de sus compañeros.

Su detención cayó como un jarro de agua fría. En la casa nadie sospechaba de su doble vida vinculándosele a una red de narcos de las que él, mejor que nadie, sabía como se movían. Lo que pudo quebrar su recta conducta y alterar de una forma tan rotunda su vida profesional no se sabe, o al menos no se hizo público nada de ello al respecto.

Lo que tristemente si ocurrió fue haber tirado por tierra más de treinta años de trabajo duro con un expediente “manchado”, condenado y expulsado del Cuerpo. Las posibilidades de que las mafias traten de contaminar a funcionarios policiales son cada vez más evidentes y sobre ese punto hay documentos de Europol que alertan de ese peligro. Ante esa amenaza creciente, las dotaciones de las unidades dedicadas a investigar los casos de corrupción policial no son suficientes o no gozan de una total autonomía tanto en la Policía como en la Guardia Civil.

En relación con otro caso similar habría que remontarse al 27 de febrero de 1985. Ese día, agentes de paisano del Servicio de Información de la Guardia Civil detenían en la capital a un subcomisario de Policía por un delito de tráfico de estupefacientes ingresando en prisión la mañana del 7 de marzo de 1985. La orden judicial rotunda y concisa le acusaba de un delito contra la salud pública, tráfico de estupefacientes. El subcomisario permaneció en el centro penitenciario hasta el 4 de junio, fecha en que fue decretada su libertad bajo una fianza de medio millón de pesetas.