Un auto judicial reabre la polémica sobre el estado del Cortijo del Fraile

La situación del Cortijo del Fraile vuelve a dar que hablar. Un juez de Almería ha ordenado al Ayuntamiento de Níjar que adopte con “urgencia” las medidas necesarias para “conservar y recuperar” el inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y escenario de los hechos que inspiraron la obra ‘Bodas de sangre’ a Federico García Lorca.
El auto de lo contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima las medidas cautelares solicitadas por la asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en el marco de un procedimiento con el que la asociación conservacionista que persigue que el Consistorio nijareño “cumpla con sus obligaciones legales” en materia de conservación del patrimonio histórico.

Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, indicaba ayer que la competencia para actuar en Cortijo del Fraile es de la Junta de Andalucía y que recurrirá, además de considerar que la “única solución” pasa por un acuerdo con la propiedad para que el inmueble sea público.

El auto del juez
El magistrado almeriense Tomás Cobo considera “evidente” en la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, que el “estado” en el que se encuentra el edificio histórico hace necesario actuar “con urgencia” a la espera de resolver el proceso principal ya que, en caso contrario y debido al “tiempo transcurrido”, sería “irreversible” la recuperación del conjunto patrimonial que “se pretende proteger”.

Al hilo de esto, sustenta la concesión de las medidas cautelares, contra las que no alegó el Ayuntamiento, en el “interés público dominante, que siempre es preferente”, y resuelve que el Ayuntamiento de Níjar debe adoptar las medidas necesarias en materia de conservación y recuperación del Cortijo del Fraile “con requerimiento, si fuera necesario, a los propietarios del inmueble para que cumplan las medidas que para este fin se ordenan al Ayuntamiento”.

En concreto, la entidad conservacionista Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar solicitó que el Consistorio ejecutase las previsiones legales recogidas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y el catálogo de bienes protegidos y cortijadas singulares históricas de la normativa urbanística del municipio nijareño y demandó asimismo la adopción de “multas coercitivas” para evitar “su expolio y deterioro”.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía interpuso en mayo una sanción de 30.000 euros a la empresa propietaria del Cortijo del Fraile al entender que no ha atendido a su deber de conservar el edificio, en “deplorable” estado. Por el momento, la única actuación por parte de la empresa agrícola murciana propietaria de los terrenos en los que se asienta el BIC se remonta a octubre de 2011 cuando procedió al vallado perimetral en torno a la finca para “garantizar su protección y la de las personas que acuden al edificio”.

Respuesta del Ayuntamiento
Tras conocer la noticia del auto, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, indicaba ayer que la competencia para rehabilitar el Cortijo del Fraile corresponde a la Junta de Andalucía y recorbada que el Ayuntamiento “cerró” un expediente de disciplina urbanística a la empresa propietaria cuando la Consejería de Cultura comunicó “que ya estaba actuando ella”.

Rodríguez ha indicado que los servicios jurídicos municipales van a recurrir con este argumento el auto de lo contencioso-administrativo que obliga como medida cautelar al Ayuntamiento a adoptar con “urgencia” medidas encaminadas a la conservación del inmueble ante su “evidente” deterioro ya que “entendemos que dos administraciones no pueden actuar sobre un mismo objeto”.

Ha considerado que, en el auto, el magistrado se ha pronunciado sobre el fondo del procedimiento incoado a instancias de la asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que pasa por la obligación de afrontar la rehabilitación del inmueble que, según ha remarcado, entra dentro de las competencias de la Junta al ser el BIC una declaración de rango superior a la protección de la normativa urbanística municipal.

Al hilo de esto, ha señalado que la solución al conflicto debe llegar a través de un acuerdo con la propiedad para que el inmueble pase a tener titularidad pública, un proceso que, a su juicio, no “llegaría al extremo de iniciar un proceso de expropiación dada la buena disposición de la empresa para negociar una venta”.

“Sigo manteniendo que la única solución pasa por la voluntad de la Consejería de llegar a un acuerdo para que la propiedad llegue a manos públicas. No se soluciona con denuncias, con resoluciones parciales sino con la intervención de la administración competente y con recursos en la materia”, ha indicado.

El regidor ha afirmado que el Ayuntamiento inició un expediente de investigación para “determinar a quien correspondía la responsabilidad de la conservación” y elaborar un informe técnico sobre el estado de la edificación. En el marco del citado procedimiento, según ha explicado, se remitió a la Junta una comunicación para pedir información sobre “cómo debíamos actuar ya que estaba catalogado como BIC”.

“La delegación de Cultura nos respondió que ellos ya estaban actuando de acuerdo a la ley de defensa del patrimonio y que habían propuesto una sanción de 30.000 euros, por lo que entendimos que nuestra función estaba cubierta y se estaban adoptado medidas coercitivas”, ha asegurado.

No obstante, Rodríguez ha lamentado que, a “efectos prácticos”, el Cortijo del Fraile “está cada día peor por dejación de la absoluta responsable, la Junta” al tiempo que ha manifestado que no conoce “ningún caso de un inmueble declarado BIC que haya tenido que ser reconstruido por un ayuntamiento”.

“Satisfacción” en los ‘Amigos del Parque’
La asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata ha indicado que tras el auto judicial la administración local debería incoar un expediente de disciplina urbanística a la propietaria del inmueble.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo, Enrique Ruiz, ha trasladado su “satisfacción” por que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 haya estimado la demanda que se presentó, según ha explicado, ante la “inactividad” del Consistorio en el “cumplimiento” de sus competencias en “conservación y promoción del patrimonio histórico”.

Ruiz ha trasladado que el Ayuntamiento queda ahora “tutelado” por la Justicia y debería instar mediante un expediente administrativo a la empresa propietaria.