Razón jurídica, razón política

Pierdan toda esperanza quienes esperan de este Congreso averiado, incapaz de dotar a España del Gobierno que le falta desde hace diez meses, un pleno de la Cámara para ajusticiar al Gobierno en funciones por el caso del ex ministro Soria y en nombre de la sagrada función de control al Ejecutivo. 
No será en el hemiciclo sino en el más recoleto ámbito de la Comisión de Economía donde se producirá la consabida comparecencia del ministro en funciones, Luis de Guindos, para explicarse sobre un escándalo que le ha dejado por mentiroso.
Si nos ceñimos al lugar común de que en la primera caída Soria pasó por mentiroso (abril de 2016), hemos de admitir que ahora el mentiroso (septiembre de 2016) ha sido el Gobierno, como demostró sobradamente el excelente trabajo de indagación informativa llevado a cabo por El Confidencial. Ahí queda claro que la segunda caída de Soria no se ha debido tanto a sus antecedentes “panameños” (Jersey y Bahamas, en realidad) o a su dañada imagen pública para ocupar el cargo, sino el descaro con el que el Gobierno ha mentido a los españoles.
Otra cosa es el formato de la comparecencia de De Guindos para explicar este último tiro en el pie del Gobierno Rajoy. ¿Tiene obligación un Ejecutivo provisional de someterse al control de un Parlamento que aun no ha cumplido con su obligación de elegir un Gobierno definitivo? No hay respuesta jurídica porque justamente es la que se reclama del Tribunal Constitucional a fin de cubrir el vacío normativo que existe en nuestro ordenamiento.
Si no hay respuesta jurídica, la respuesta ha de ser necesariamente política. Es decir, la que se inspira en tal principio de oportunidad. De ahí que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, adelante su intención de convocar ese pleno de control, en relación con el caso Soria, con la siguiente salvedad: “en función de la disponibilidad del Gobierno”.
Por tanto, la presidenta convocará porque es el mandato que ha recibido de la Junta de Portavoces, pero el pleno no se celebrará porque el Gobierno no está obligado legalmente frente a un Parlamento diferente al que le otorgó la legitimidad después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.