¿Quién mató a Rita?

Tras el Consejo de Ministros del viernes, el ministro portavoz, Méndez de Vigo, sentenció que los acuerdos están para cumplirse. Y, por tanto, no debería revisarse el pacto del PP con Ciudadanos en materia de corrupción. El portavoz parlamentario del grupo popular, Rafael Hernando, acababa de sugerir la conveniencia de revisar dicho pacto.
Véase cómo en las propias filas del PP, donde la malograda Rita Barberá encontró una razón para vivir ("el PP fue era verdadera familia", dicen ahora) se reabre el debate sobre las circunstancias y el momento en que un dirigente político merece la tarjeta roja por aparecer envuelto en un caso de corrupción.
Decía Hernando que seguramente habrá que darle una vuelta al punto del acuerdo que fija ese momento en la imputación. Es decir, el momento en el que un juez decide investigar al dirigente del partido o cargo institucional sospechoso de haber cometido un delito, tras la denuncia previa de parte o por actuación de oficio de la Fiscalía.
Como es sabido, el código ético del PP establecía esa línea roja para el momento de la apertura de juicio oral, que es un paso más en el terreno judicial. Pero fueron los pactos de gobernabilidad del PP con Ciudadanos los que bajaron la cota al momento de la imputación. Ahí es el propio partido el que debe expulsar o exigir la dimisión del cargo público afectado. Como ocurrió en el caso del ex ministro Soria. Como acaba de ocurrir en el caso de la ex alcaldesa de Valencia.
Soria no llegó a estar investigado por nada de lo que trajo causa de su dimisión. Barberá pisó esa raya, la de la imputación (ahora era una "investigada"). Renunció a la militancia porque "me lo pidió el partido", pero no a su escaño en el Senado para que de una eventual dimisión no se dedujera presunción de culpabilidad, según explicó ella misma en una nota pública.
Nunca perdió su derecho a la presunción de inocencia pero de hecho pesó sobre ella como una losa la generalizada presunción de culpabilidad. Es el gran reproche a quienes indujeron el arrinconamiento político y personal que habría matado a Rita Barberá. Y por ahí reaparecieron los resortes morales de nuestra herencia judeo-cristiana. Con la ex alcaldesa de cuerpo presente se han desencadenado los consabidos procesos de inculpación por ver quien puso más en llevarla al sacrificio.
El problema es que nada de eso tiene que ver con la "pena de telediario", que no es susceptible de ser pactada porque concierne a los medios de comunicación y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Políticos y periodistas pueden respetar la presunción de inocencia sin detenerse ante las apariencias de culpabilidad (el viejo debate entre el ser y el parecer de la mujer del César). De hecho no se detuvieron en el caso de Barberá. Al margen del pacto del PP con Ciudadanos contra la corrupción.