Cuando mis amables lectores tengan ante sí LA VOZ ya estarán disfrutando de casi todo lo que le habían pedido, en sus cartas, a los Reyes Magos. Algunas cuestiones materiales serán de uso inmediato y muchas otras peticiones podrán recibirse a lo largo del año recién iniciado y ojalá que así sea. Esta estará siendo la principal atención de niños, jóvenes y menos jóvenes y, posiblemente, este tema nos distraerá de otros, sin duda, más trascendentes.
La vorágine de los días navideños ha permitido que haya pasado prácticamente desapercibido el informe hecho público por el Ministerio de Sanidad sobre los abortos practicados en España durante el año 2015. Seguramente habrá personas a quienes no les gustará que en estos días festivos escribamos sobre esta cuestión, pero algunos pensamos que el tema es de tal gravedad que debiera llevarnos a la reflexión, precisamente en estos días. En cualquiera de los casos, quién me conoce sabe cual es mi profesión de médico y mi compromiso con mi oficio y no sería malo recordar a alguno lo que juramos en su momento (nuestro juramente hipocrático con las obligaciones asumidas) y que debiera tener plena vigencia en el problema de los abortos.
Pues bien, dicho informe recoge que por cuarto año consecutivo viene reduciéndose el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Pero en cifras realmente insignificantes para lo que debiera ser, teniendo en cuenta, además, que vivimos en un país con la tasa de natalidad más baja del mundo, con la trascendencia que ello tiene para el futuro de nuestra sociedad.
Pese a este paulatino descenso, en el año 2015 en España han abortado casi 95.000 mujeres, amparadas en los criterios de la Ley AIDO (la que fuera ministra socialista con el Sr. Rodríguez Zapatero). El único cambio introducido en dicha Ley por los Gobiernos del señor Rajoy, ha sido la obligación de obtener el consentimiento paterno para la interrupción del embarazo a las mujeres menores de 16 y 17 años.
Es verdad que el PP iba por el buen camino al presentar hace ya unos cuantos años un recurso de anticonstitucionalidad ante el Tribunal correspondiente, recurso que sigue sin sustanciarse después de tantos años, seguramente por criterios políticos, y también es verdad que un borrador para una nueva Ley estuvo en marcha,pero qu no llegó a ver la luz y además produjo la dimisión por pura coherencia del que era entonces ministro de Justicia señor Ruiz Gallardón.
Pero lo cierto es que, por una u otras razones, la vigencia de la Ley es absoluta produciendo los efectos nocivos conocidos y que, desde luego, parece preocupar a pocos, centrados, quizás, en problemas mas domésticos o, seguramente, políticamente más correctos.
No estaría de más que nuestros Queridos Reyes Magos, que no solo nos traen cosas materiales, mediaran en este asunto tan trascendente allá donde puedan hacerlo, gobernantes, políticos realmente comprometidos con la sociedad (no solo en la mal llamada progresista en esta materia) y en el propio Tribunal Constitucional, ocioso en este campo desde hace 5 o 6 años.
Hay que destacar, por último, dos detalles muy significativos. El primero,que el número de abortos practicados por grave riesgo para la madre o el feto ha sido solo de 10.000, y el segundo, que la comunidad española donde más abortos se han practicado en este tiempo ha sido Andalucía. Como diría el eslogan de la Junta: “Andalucía la primera”.
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