Esperando la sentencia

Este año las vacaciones de agosto no van a suponer un paréntesis en la vida política. Todo a cuenta de la aventura secesionista emprendida por el "Govern" de la Generalidad de Cataluña.
Lo último en relación con el marco general del problema pasa por el recurso que presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para frenar la maniobra de los separatistas que sin dar voz en el proceso a los partidos catalanes de la oposición aprobaron en el "Parlament" un cambio en el Reglamento que, sobre el papel, les faculta para activar la llamada ley de "desconexión" cuyo fin es segregar Cataluña de España y ¡proclamar la República catalana!. Sedición, es la palabra.
El TC puede parar semejante atropello. En una primera instancia será suficiente con que admita a trámite el recurso del Gobierno. Posteriormente deberá pronunciarse al respecto a través de la correspondiente sentencia. Dado que pese a su manifiesta ilegalidad el 1 de Octubre es la fecha propuesta por los separatistas para celebrar un referéndum y que a lo largo del mes de agosto las organizaciones que apoyan esta deriva van a estar calentando el ambiente cabe suponer que los magistrados del Alto Tribunal no se harán esperar.
Nunca desde que aprobamos la Constitución (1978) los magistrados del TC han tenido sobre sus cabezas la responsabilidad de dictar una sentencia tan trascendente. Todas las nuevas acciones que deberá emprender el Gobierno para impedir que se consume el golpe contra el Estado democrático tendrán como referencia dicha sentencia. Es la piedra angular sobre la que construir el baluarte legal que cierre el paso a quienes se han situado fuera de la Constitución. Van a ser sesenta días trepidantes y con el 11 de Septiembre de por medio. Vacaciones, lo que se dice vacaciones, pocas este año para la clase política. Pero digámoslo con claridad: este es un problema que nos afecta a todos. No solo a los políticos.