Cuenta atrás

No sirvieron de nada las voces del Tribunal Constitucional, el propio Consejo de Garantías de la Generalitat, los letrados del Parlament o, por salir del orden institucional, los 27 juristas catalanes de prestigio que en febrero de este año pidieron al sector independentista que se ciña al estado de derecho y cualquier cambio político se haga en el marco de la ley.
El cinismo del señor Puigdemont y sus costaleros no tiene límite en este sentido: "El referéndum será legal y vinculante. Nunca estaremos fuera de la ley porque este Parlament hará la ley", decía el presidente de la Generalitat en febrero de este año, ignorando la falta de respaldo internacional a sus pretensiones, el cansancio de la ciudadanía, la división interna en el bloque independentista (ERC-PdeCat-Cup), la debilidad financiera de la Comunidad (el "banco" de Cataluña sigue siendo Montoro), su aislamiento internacional, etc.
A lo que vamos. La cuenta atrás hacia un absurdo histórico. Si a ultima hora no vuelve a regatearse a sí mismo, el nacionalismo gobernante en Cataluña va a usar este miércoles su mayoría parlamentaria para inventarse una "legalidad" adaptada a su aspiración de celebrar un "referéndum" con la sola participación de los partidarios de una Cataluña entendida como unidad de destino en lo universal. Vendría a ser un referéndum de ratificación del sueño independentista. Y además, deprisa, deprisa,  gracias a una previa modificación reglamentaria en el funcionamiento del Parlament, en maniobra tramposa, anulada a finales de julio por el Constitucional.
La Generalitat va a endosar al Parlament la responsabilidad del último acelerón hacia el llamado choque de trenes. Eso ya es inevitable. Los independentistas ya no pueden dar marcha atrás, porque, entre otras cosas, es lo único que les mantiene unidos. Y Moncloa no puede permitirlo ni mirar hacia otro lado. A un lado de la barricada, la provocación de quienes juegan con blancas llevando la iniciativa, con la esperanza de que sus provocaciones consigan un mal paso del Gobierno que alimente el victimismo nacionalista y reactive la movilización callejera. Al otro, las medidas palabras de Rajoy, Santamaría o los dirigentes del PP, repitiendo que no habrá referéndum y que tienen preparadas las respuestas legales para frenar el desafío.