Legalizar la ilegalidad

La unilateral extensión de derechos por causas sobrevenidas y coyunturales conlleva en su improvisación atropellos y colisiones difíciles de asumir y, generalmente, provocan nuevos problemas que sobrepasan al puntual conflicto que se pretendía resolver.

El luctuoso acontecimiento de Mbaye, inmigrante que se dedicaba a la venta ambulante ilegal en Madrid, ha desatado las iras de un colectivo de inmigrantes, en su mayoría ilegales, que han vuelto a producir nuevos incidentes con el resultado de cinco policías municipales heridos al ser agredidos cuando pretendían identificar en Lavapiés a un senegalés que previamente les insultó y agredió. Desconozco los motivos que impelieron a estos agresores a emprenderla violentamente contra la Policía Municipal, aunque es fácil entenderlo desde el escenario generado por el nutrido grupo de agitadores contrasistema que, bajo banderas podemitas y anticapitalistas, aprovechan cualquier circunstancia para la algarada y el habitual desarrollo de su actividad como delincuentes comunes.

Como consecuencia de la inestabilidad que conlleva toda actividad ilegal, Podemos y las confluencias aporta la lisérgica solución de legalizar la venta ilegal por parte de los conocidos como manteros. O sea, legalizar la ilegalidad. No se trata de regular una actividad que observaba lagunas administrativas o fruto del afloramiento de nuevas tecnologías, es legalizar la ilegalidad manifiesta.

La venta ilegal de falsificaciones -redundancia in terminis- produce los siguientes efectos en España: 5 646 millones de euros en pérdidas de ventas para los comercios legales y pérdida de 62 958 puestos de trabajo regulados. En Europa, la venta ilegal produce un agujero en ventas de 26 000 millones de euros y la pérdida de 363 000 puestos de trabajo. Sólo en España se han dejado de ingresar en concepto de IVA 11 430 millones de euros, derivado de la venta ilegal de falsificaciones y piratería; mención expresa a la gran “industria” de la falsificación, mafia internacional que utiliza a los vendedores ambulantes como auténticos negreros que se aprovechan de la precariedad de los sinpapeles. Igualmente, hay que destacar la seguridad socavada por productos exentos de controles de calidad que, en algunos casos, son de uso tópico o íntimo (perfumes, cosméticos, preservativos…) y pueden causar daños relevantes.

El postureo elevado al paroxismo se evidencia con personajes como Pablo Iglesias y sus conmilitones, así como un desorientado PSOE con ediles que apoyan a Carmena en Madrid (Antonio Miguel Carmona) y que no paran de repetir que un ilegal que lleva 14 años en Madrid es un “ciudadano madrileño”. Es decir, la veteranía y persistencia en la ilegalidad conduce a la automática legalización. O sea, un estudiante atrancado siete años en tercero de Derecho ya se puede dar por abogado.

El problema no es si las personas nacimos legales o ilegales; es cuestión de ejercer ajustados a la legislación vigente con la observancia de derechos y obligaciones que nos inserten en el colectivo que regula, presta servicios, salvaguarda y administra. Nadie puede ser propietario de una casa sin la escritura de propiedad que respalde la adquisición; y nadie puede ser legal ciudadano sin DNI, pasaporte o permisos temporales regulados que le otorguen el derecho a disfrutar de los servicios a los que previamente contribuye aportando el rendimiento de su trabajo. Lo demás es demagogia, postureo y persistir en los sucesivos brotes violentos que se irán recrudeciendo. Independientemente del plausible gesto de solidaridad y comprensión que pueda administrar cada uno o el Gobierno en nombre de la totalidad, es preciso clarificar algo tan esencial como discernir entre legalidad e ilegalidad. Un país que tenga dudas sobre algo tan esencial está llamado a ser tomado por lo que no es; y siempre hay alguien a la espera para sacar provecho de indefiniciones tan clamorosas y peligrosas para la convivencia ajustada al Estado de Derecho.