Lucha contra la Violencia de Género: suma y sigue

La aprobación en el Parlamento Andaluz de la modificación de la Ley  de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en andalucía es una noticia positiva, pues tras 10 años de vigencia se recogen algunas modificaciones necesarias. 

Mujeres y niñas son sometidas a diario a discriminación y violencia a consecuencia de un sistema machista y neoliberal que las sitúa en una posición de desigualdad y vulnerabilidad. Esta violencia de género afecta a las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja, a sus hijas e hijos así como a las personas que de ellas dependen, pero va más allá de esa manifestación. 

La trata de mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y precoces, la explotación sexual, el acoso sexual y por razón de género, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, el acoso sexual son algunas de esas otras manifestaciones de la violencia de género que deben visualizarse.

Desde CCOO hemos contribuido a una mayor toma de conciencia en nuestra sociedad sobre la violencia de género como problema de Estado, lo que sin duda se debe agradecer al movimiento feminista que ha estado vigilante y en la base de cualquier conquista en favor de la igualdad y con quien compartimos la preocupación y compromiso en esta grave lacra social.

Algunas de nuestras propuestas han sido tenidas en cuenta, como la ampliación del concepto de víctima, incluyendo la discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral a través del acoso sexual, el acceso a los recursos por parte de las supervivientes de la violencia de género que vaya más allá de la interposición de una denuncia, la formación especializada en materia de violencia de género cualquiera que sea el ámbito profesional de que se trate incluyendo  a organizaciones empresariales y sindicales, planes de formación para directivos  y trabajadores/as, especialmente de quienes negocien convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas,   prevención y tratamiento de la violencia de género, con especial atención al acoso laboral por cuestión de género. 

Sin embargo otras necesidades no se han terminado incorporando a la norma, por lo que CCOO  seguirá insistiendo en la necesidad de que formen parte del catálogo básico de derechos de las víctimas, como la necesidad de incorporación de medidas vinculadas con el ámbito laboral de una forma más contundente de las que ya existen en la norma. Estamos firmemente convencidas/os que la reinserción socio laboral para las supervivientes de violencia de género es uno de los elementos que contribuyen con más eficacia a la recuperación de las mismas, igualmente la independencia económica laboral es fundamental para evitar el riesgo de dependencia económica de las mujeres.

En la práctica estos derechos no están siendo disfrutados por la mayoría de las víctimas de violencia de género susceptibles de hacerlo, por el escaso desarrollo de estas medidas (contratación víctimas violencia de género, contratos sustitución víctimas violencia de género). Esto demuestra como la discriminación de género que las mujeres viven en el mercado laboral se agravan en situaciones de violencia de género. 

Desde CCOO echamos en falta el desarrollo y promoción de medidas en materia laboral, que contribuirían de forma directa a la recuperación de las víctimas y a la capacidad de autonomía de las mismas, un registro de empresas con protocolos de acoso, el desarrollo de las cláusulas sociales, asegurar los recursos de atención a las víctimas  en todo el territorio andaluz y reforzar presupuestariamente los Centros de Atención a la Mujer.

Aunque valoramos positivamente la modificación de la ley y los avances que introduce, seguiremos trabajando en los ámbito institucional, laboral y en especial en las empresas en lo que para CCOO, son las claves para luchar contra la violencia de género:  la prevención, la protección de las víctimas, la coordinación entre las diferentes administraciones, empresas, organizaciones sociales y sindicales, y la sociedad en su conjunto, exigiendo al Gobierno Autonómico el cumplimento de la Ley en todos sus términos y la dotación presupuestaria necesaria y a las empresas la puesta en marcha de cuantas medidas le compete y el compromiso de contribuir a que los centros de trabajo sean espacios libres de violencia de género.