La pelea que se ha venido dando en la capital por la historia de los escenarios en las playas y la que se vive en Níjar por los aparcamientos en las mismas, nos hace que planteemos: ¿De quién coño son las playas? Si las playas están sucias, les echamos la culpa a los ayuntamientos (estos concejales son unos marranos), los socorristas de esas mismas playas los pagan los ayuntamientos con los impuestos de los vecinos del municipio, si se produce un ahogamiento ponemos verde a los alcaldes (recuerdo algunas duras críticas hace unos años a doña Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar). Los ayuntamientos tienen casi todas las responsabilidades en las mismas a la hora de pagar, pero no parece que tengan sobre ellas propiedad alguna. ¡Pagar, pagar y pagar! Los ciudadanos a pagar. Pero cuando se trata de hacer un aparcamiento en el entorno de la misma el ayuntamiento se tiene que bajar los pantalones ante la Junta. Aquí manda ella y con un par. En la portería de la playa manda la Junta y te dice cómo y dónde tienes que aparcar en los alrededores y deja entrar a un número determinado de coches, una vez que tienes el coche aparcado y estás en la playa la Junta se desentiende de ti y pasas a las manos del ayuntamiento, que se hace responsable de que tu estancia sea agradable y segura. Lo de segura si, lo de agradable ya no tanto, si se trata de montar un chiringuito para que el tiempo pase más feliz (entre cervecitas frescas para el bañista) el ayuntamiento ni pincha ni corta. Vuelve a ser la Junta la que manda. Te tienes que llevar la cerveza en la nevera y si dejas la lata, ya la limpiará el ayuntamiento. Da la impresión, en caso contrario que nos rectifiquen, de que la Junta no quiere responsabilidad con aquello que cuesta dinero: Limpieza y socorristas. Esto para los consistorios. Yo me quedo, se dice la Junta, con los permisos oficiales para aparcamientos, chiringuitos y demás festivales a celebrar en las playas. Y los alcaldes y concejales callan, otorgan, claudican, se bajan los calzones y hacen lo que quiere la Junta de Andalucía.
En su defensa hay que decir que no tienen muchas alternativas a las que acudir. Ella tiene la ley de su parte o la retuerce hasta tenerla, por lo que se entiende que Pineda y Sánchez tengan que pasar por las horcas caudinas de la administración superior. ¡Andalucía!
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