Los (muchos) restos de Franco

No son los despojos que no se sabe dónde meter los únicos restos de Franco. En el propio forcejeo sobre su mudanza aflora, tan corrompido como incorrupto, el legado del sátrapa: esa familia que pretende, mediante su inhumación en La Almudena, transformar una catedral en un santuario de permanente y eterna exaltación fascista.

La derecha profunda, vuelta a impregnarse del mefítico aroma de ese legado, insiste, por boca de uno de sus adalides, Casado, en que hay que dejar en paz los huesos del comandatín, cuando lo cierto es que a quien hay que dejar en paz es al pueblo español apartándole de una vez ese cáliz, esa momia que representa lo peor que le ha pasado. Sin embargo, la maldición contenida en su mensaje navideño de 1969, a menos de seis años de su muerte, la de que todo quedaba atado y bien atado, cobra casi medio siglo después todo su valor espantable, pues resulta que las leyes que nos rigen consagran el derecho de esa familia a convertir el guatemala del Valle de los Caídos en el guatepeor de la Almudena. Se ve que les pilla más cerca.

Diríase que la provocadora actitud de esa familia (llamémosle "esa familia" por no abundar en el apellido), que posee, entre una ingente cantidad de propiedades, una porción de sepulcros y tumbas, adolece de un inequívoco aire de resentimiento, de venganza, o de mala leche. ¿Qué más les da llevarse los restos del patriarca a cualquiera de sus panteones familiares? Pues sí les da. No parece sino que suponen que la delirante leyenda inscrita en las viejas monedas que tanto atesoraron, "Caudillo de España por la Gracia de Dios", les habilitara para plantar los restos del finado no ya en la catedral de Madrid, sino en el mismísimo San Pedro del Vaticano. Pero esa ley espurea que blinda la cruel sinrazón que la familia pretende, no es la ley de Dios, y mucho menos puede ser la de los hombres, particularmente la de aquellos que no renuncian a ser libres, también de los fantasmas del pasado que aún arrastran las cadenas con que los aherrojaron. Debe haber una seguridad jurídica superior a la de una familia, la de un pueblo, y esa es la que se reclama para perder de vista los restos de Franco, todos los restos de Franco. ¿Qué seguridad jurídica puede tener el pueblo cuando una ley permite que le plantifiquen semejante cosa en el templo que hay al lado del Palacio Nacional que bombardeó, siendo residencia del presidente Azaña, por si le cazaba dentro?

Entiéndase el Gobierno con la Iglesia, que con la familia, me parece que no.