Silencio informativo

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La izquierda y la extrema izquierda han venido insistiendo en la apropiación del patrimonio en exclusividad de conceptos y valores como la verdad, solidaridad, progresismo, transparencia… Sin embargo, ha quedado suficientemente acreditado el oportunismo y postureo del gobierno de Sánchez ante asuntos muy delicados y que se suelen gestionar con grandes dosis de hipocresía dramatizada cuando les conviene, como ya ocurrió con el mediático desembarco de inmigrantes que llegaron a las costas españolas con más despliegue mediático que si arribase el “Seven Seas Explorer”.

La costumbre de hacerse propaganda populista con el malogrado tráfico de inmigrantes ilegales en el Mediterráneo que, sea por problemas técnicos, malas condiciones de la mar o el abandono de las mafias traficantes; el caso es que parecía que España se iba a hacer cargo de estas desgraciadas contingencias, independientemente del coste, las distancias o las cantidades que, como el desembarco “estelar”, hubieron de recorrer 900 millas con mala mar, riesgos innecesarios y un sufrimiento gratuito con tal de abrir los telediarios y colocarse la medalla del gobierno más guay del continente. 

Ahora, una vez activado el efecto llamada y causado el lamentable espectáculo a costa del riesgo y sufrimiento de la vida de personas en situaciones límite, el gobierno de Sánchez, el mismo que no sólo hizo gala de transparencia -fue un espectáculo mediático- con el desembarco en Valencia de los 640 recogidos por el “Aquarius”, ahora cierra el grifo a toda información sobre llegada de pateras o intervención de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. El efecto de secuestro de información se llevó a cabo coincidiendo con la llegada del nuevo subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente. 

Ya no es posible acceder a la información que antes se ofrecía con fluidez en cuanto al número de pateras detectadas, personas rescatadas, condiciones físicas a su llegada a puerto, intervinientes en los rescates, actuación de Cruz Roja, conducciones a centros de salud… Todas estas contingencias eran puntualmente ofrecidas para general conocimiento de la sociedad, hasta que se ha decidido silenciar la información y dificultar la labor de los periodistas para acceder a datos o grabar imágenes cuando arriban las embarcaciones tras un rescate. Desde la Asociación de la Prensa y algunos medios de comunicación se ha preguntado por este apagón informativo, respondiendo Subdelegación que no hay tal bloqueo. Lo cierto es que cuando preguntas a Salvamento Marítimo te remiten a Madrid para obtener los datos, y te los dan o no te los dan, o los demoran, o te difieren hasta que te aburren. 

La intención es que no se sepa nada sobre la incesante llegada de inmigrantes ilegales; cuestión que no ha mermado a pesar del silencio informativo impuesto. Es la política de avestruz: enterrar la cabeza en el suelo para que desaparezca el problema, peligro o amenaza. Lo cierto es que aunque el Gobierno “transparente y progresista” oculte y dificulte, la realidad es que a todas horas salta la alarma en los canales específicos de radio y el “PAN PAN” (llamada general avisando de avistamientos y posibles posiciones) evidencia los riesgos para la navegación por la abundante presencia de pateras. 

Otro asunto que agrava la situación es el posible regreso de los 32 policías nacionales que llegaron a Almería como refuerzo ante los recursos demandados por la permanente atención a la inmigración ilegal. El motivo de este refuerzo era la posible merma en seguridad ciudadana cuando los policías tenían que atender otros menesteres, asunto que “se ha complementado con la profesional colaboración de Policía Local”, como afirma el secretario provincial de la CEP (Confederación Española de Policía), José Antonio Alcaraz. Ahora, haciendo coincidir el silencio informativo sobre la incidencia de la inmigración ilegal, los 32 efectivos van ser devueltos a sus lugares de origen, quedando mermada la Policía Nacional en Almería al permanecer idéntica presión por la inmigración ilegal y, como es natural, quedará reducida la capacidad de respuesta ante las necesidades que prevé el contingente que garantiza la seguridad ciudadana. 

De momento, las autoridades “de arriba” se han prestado a reconsiderar esta pérdida de efectivos en Almería, aunque la amenaza de traslado es más que patente dado el déficit existente en otras poblaciones. 

Lo que ha quedado evidenciado es la inexistencia de transparencia en uno de los pilares fundamentales en un Estado de derecho moderno. La sutileza empleada en el apagón informativo no es una anécdota, es un fraude democrático; especialmente en un Gobierno que tanto clama por la transparencia -cuando la exigen a los demás- y son ellos los primeros en incumplirla.