El Consejo de Administración de Canal Sur

El Pleno del Parlamento de Andalucía va a desbloquear hoy la renovación del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), que lleva bloqueado nada menos que seis años. Se ha disminuido su número de miembros, que pasa de once a nueve, y, según han hecho públicos los partidos con representación parlamentaria, el presidente será el periodista Rafael Porras, exdirector de ‘El Mundo Andalucía’, propuesto por el PP. 

Los socialistas han propuesto al abogado y exdiputado Antonio Pradas, al licenciado en Ciencias Políticas y secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y a Olga Manzano, exportavoz en la comisión de la RTVA en la pasada legislatura, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Además de Porras, el PP ha propuesto a Mariví Romero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y política de larga trayectoria en el partido conservador. Los nombres propuestos por Ciudadanos son la periodista Inmaculada Trenado y el publicita Iván Tarín. Vox ha propuesto al jefe de prensa de su grupo parlamentario, Carlos Morillas, y Adelante Andalucía se ha inclinado finalmente por la periodista Esther Fernández. El nuevo director general será el periodista Juan de Dios Mellado.

Como se puede observar, en el Consejo de Administración de Canal Sur se combinan profesionales en diversas materias, destacando los relacionados con el mundo de la comunicación. Sin embargo, a diversos colectivos del periodismo, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Sevilla, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y el Colegio de Periodistas, no les terminan de convencer los nombres propuestos y consideran que no procede la inclusión de personas que han sido alguna vez o son políticos, independientemente de cuáles sean sus aptitudes, y que, además, no son periodistas. Todos, dicen estas organizaciones, deben ser profesionales del sector de la comunicación. Estos colectivos profesionales, con esta defensa a ultranza que hacen de sus miembros, cometen, en mi opinión, tres errores: uno, considerar que cualquier persona que haya desempeñado un cargo político queda automáticamente inhabilitado para desempeñar cualquier otra función; dos, confundir capacidad profesional en una determinada materia con capacidad para la gestión empresarial, y tres, estos colectivos parecen desconocer cuál es la función de un consejo de Administración de cualquier empresa, que no es otro que gestionar profesionalmente la misma. Que una empresa sea audiovisual o pública no desvirtúa esa función.

Está bien que las asociaciones profesionales de periodistas velen por los intereses del colectivo que representan. Pero es equivocado pensar que el órgano que administra una empresa de este tipo debe estar formado íntegramente por profesionales de la comunicación. Esto es igual de extraño que pensar que los gestores de una empresa de construcción deben ser todos arquitectos o ingenieros de caminos o que el equipo gestor de una empresa agrícola debe estar integrado únicamente por ingenieros agrónomos. Si esos mismos colectivos que han manifestado su disgusto por estos nombramientos en Canal Sur se hubieran entretenido en comprobar quiénes son los miembros de los consejos de administración de las empresas audiovisuales más importantes de España y de Andalucía se habrían dado cuenta de que la profesión de periodista no es exclusiva para desempeñar ese puesto. Ni exclusiva ni es excluyente.