La megápolis de la ilegalidad andaluza

Es probable que usted, igual que yo, haya saludado con satisfacción la noticia de que el gobierno de la Junta de Andalucía (PP+CS) ha aprobado un decreto para regularizar viviendas ilegales en Andalucía. No es difícil imaginar el alivio que ello supone para miles de familias que, habiendo adquirido de buena fe una vivienda, descubrieron un día que les habían engañado y que su casa -su vida- estaba en riesgo de demolición por haber sido construida de manera ilegal.

Pero al margen del alcance humano de la noticia, no hay que perder de vista lo que, a mi juicio, es la clave del asunto. No estamos hablando de una o dos casas, sino de un total de 327.000 viviendas construidas ilegalmente en Andalucía, 60.000 de ellas en la provincia de Almería. Toda una megápolis de la ilegalidad. Que a lo largo del complejo proceso legal y técnico de construcción de todas estas viviendas se hayan cometido irregularidades no puede considerarse como una acción improvisada, ni un arrebato delictivo, ni una ocurrencia de cuatro gatos.

Para que Andalucía tenga a día de hoy 327.000 viviendas reconocidas oficialmente (otra cosa será la cifra real) como ilegales, -es  decir,  planificadas,  construidas y autorizadas pasándose las leyes por el forro de los caprichos- es imperiosamente necesaria la existencia de un sistema de corrupción generalizada que implica a empresas promotoras y cargos públicos de diferentes consejerías de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos en cuyos términos municipales se han cometido estos delitos. Una conurbación delictiva en toda regla.

No hay otra. Y como los propietarios han pagado sus casas, cabe establecer una sospecha razonable de que en esos movimientos económicos alguien haya ofrecido y alguien haya puesto la mano para construir esa ciudad de la golfería formada por esas miles de viviendas ilegales. Piensen ahora en qué partido gobernaba Andalucía cuando todas esas casas se hicieron y saquen sus propias consecuencias.