El cese de Cabeo como directora general del PITA

La empresa denominada Parque Científico-Tecnológico de Almería (anteriormente llamada Parque de Innovación y Tecnología de Almería, de ahí el anagrama PITA) es una sociedad anónima que no tiene carácter público, si bien es cierto que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Almería son titulares de una parte importante de su capital social. La mayor parte del accionariado, en torno al 60 por ciento, se encuentra en poder de las dos entidades financieras que, por sus orígenes, tienen mayor ligazón con la provincia de Almería: Cajamar y Unicaja. Son estas dos entidades quienes ostentan la mayoría en el Consejo de Administración y, por consiguiente, son Cajamar y Unicaja quienes en teoría deben elegir al director general de la sociedad, que es la persona que se encarga de dirigir el día a día de la misma.

 Esta, digo, es la teoría. La práctica, o la realidad, es distinta. Debe haber algún acuerdo no conocido o algún pacto de caballeros entre la Junta y el resto de accionistas mediante el cual siempre la presidencia del PITA recae sobre un miembro vinculado al Gobierno autonómico y siempre el director general es elegido a propuesta del partido que gobierna la Junta de Andalucía. Respecto a este último cargo, la prueba de que es así la muestran los perfiles políticos de quienes han sido hasta ahora directores generales del PITA: Alfredo Sánchez, Rafael Peral, Antonio Domene y Trinidad Cabeo (ésta, desde septiembre de 2017), todos ellos muy ligados, cuando no militantes, del Partido Socialista.

 Nadie desconocía que la pérdida del poder en Andalucía del Partido Socialista y el acceso al mismo del Partido Popular y de Ciudadanos iba a tener como una de sus consecuencias más inmediatas la sustitución de un buen montón de cargos de confianza del PSOE por otros de confianza del PP o de Ciudadanos, según que la titularidad de la consejería de turno obre en poder de un partido u otro de la coalición. El caso de la dirección general del PITA dependía, de acuerdo con los pactos de Gobierno, de Ciudadanos.

 Al confeccionarse las listas de las elecciones generales de abril de 2019 quedó marginado de las mismas el hasta entonces único diputado almeriense de Ciudadanos, Diego Clemente, que apenas había ‘disfrutado’ de su cargo unos meses. En su lugar el partido mandó a José Manuel Villegas, secretario general del partido, y vinculado familiarmente a nuestra provincia, finalmente elegido.

Clemente se quedó sin ocupación política alguna, pues tampoco repitió en el Ayuntamiento de Roquetas. ¿Cómo se iba a quedar ociosa una persona como Diego, precisamente en un partido, como Ciudadanos, que sufre muchas carencias de disponibilidad de personal medianamente cualificado para ostentar un cargo de cierta responsabilidad? Cuando esta pregunta se hacía en los círculos del poder de Ciudadanos Almería la respuesta era siempre la misma: “Diego será al director general del PITA”.  Por razones que se desconocen, el nombramiento de Diego Clemente se iba demorando. Es cierto que los nombramientos en el PITA requieren de ciertos trámites societarios, pero tanta tardanza no estaba justificada. ¿Acaso habría decidido Ciudadanos ratificar a Trinidad Cabeo? Una respuesta afirmativa a esta interrogante se abría un camino cada vez más ancho. Las alarmas empezaron a sonar. Los nervios ante tal  posibilidad emergieron con tanta intensidad que Antonio Felipe Rubio tuvo que echar mano de su columna semanal para preguntarse qué pasaba.

En ese artículo, además de felicitar irónicamente a Cabeo como “nueva” directora general del PITA, Rubio denunciaba que la directora general “es militante socialista, y los nuevos responsables políticos son de partidos diferentes (PP-C´s) que, en teoría, venían a cambiar a personas y modelos de gobierno que se enquistaron durante casi 40 años”. “¿Acaso no hay personal en C´s Almería –se preguntaba Antonio Felipe- para este puesto? ¿Qué pensarán los militantes cualificados que ven cómo su carné naranja no sirve ni para que se les tenga en mínima consideración?”. 

Las presiones han sido tantas y de tanta intensidad que finalmente Trinidad Cabeo ha caído. De poco ha servido que su gestión haya sido avalada recientemente por el nuevo consejo de Administración y por la Junta General. En estos casos el interés político está por encima del interés societario. Diego Clemente podrá ser un magnífico director general, superando incluso los logros de Cabeo. Pero hay que reconocer que en una entidad no politizada un cambio de director general no se hubiera producido en estas condiciones, sea Cabeo socialista, comunista o anarquista. Las empresas privadas valoran los logros de sus gestores, no su ideología.

 Cuestión distinta es que Trinidad Cabeo  plantee ahora su despido como nulo. El procedimiento seguido para su nombramiento es el mismo que se ha seguido para poner en su lugar a Clemente. En cuanto a la indemnización, de 22.000 euros, se supone que es la adecuada tras dos años de vinculación con la sociedad. Si no lo es, que se adecúe. Pero pedir 150.000 euros por “daños morales” está fuera de lugar. Las indemnizaciones por despido no se calculan según la intensidad de los daños morales, sino según lo estipulado en la legislación laboral o en el contrato suscrito entre empleado y empleador. A eso es a lo que debe atenerse Cabeo.