Palomares, otro Gobierno que lo abandona

El Gobierno de España acaba de responder a la CE que no está obligado a preparar un informe sobre los progresos en la descontaminación pendiente de Palomares y término municipal de Vera. Lo ha hecho en un documento anónimo, sin timbrar, sin remite, sin firma e incluso sin fecha; al estilo de casi todo lo relacionado con Palomares. Algo inaudito. 

La actitud de nuestros políticos de Madrid con los problemas de la periferia no sorprende. En este tema no importan los partidos, ni las ideologías, ni dictadura o democracia. Son 54 años de suma y sigue; de engaños, de dejarlos convivir con unos cuantos kilogramos de plutonio, de experimentación con seres humanos, de ser tratados como seres de segunda clase, de respirar altos niveles de polvo radiactivo en 1966-71 y 1984-86 y luego pontificar el Consejo de Seguridad Nuclear y el CIEMAT que no ha habido consecuencias para la salud. Sin estudio epidemiológico, sin evidencia científica alguna. Si algunos osados investigadores lo han intentado, todo han sido trabas y negativas.

Hace 10 años la CE ya instó a España a desarrollar el Plan de Rehabilitación (PRP). Ni el CSN, ni los ejecutivos de Zapatero, de Mariano Rajoy, o el actual, han hecho algo en esa dirección, más allá de reclamar tímidamente a los EE.UU. Solo se han movido arbitrariamente, pero para declararlo secreto, como en tiempos de Franco, o para ahondar en el estigma social, trayendo en secreto desde Madrid 3050 kg de residuos radiactivos. 

La CE tiene poderes para instar a los gobiernos a que sus ciudadanos gocen del derecho básico a vivir en un entorno libre de radiactividad. El art. 35 de EURATOM deja bien claro la obligación de cada Estado de la observancia de las normas básicas. ¿Eso qué significa?, pues que no puede haber lugares donde la radiactividad supere la dosis al público de 1 miliSiervert/año y si existe, se ha de remediar de inmediato. En las parcelas valladas (zonas 2, 2-bis, 3 y 6) se supera ese límite desde 1966. En algunas la contaminación es superior al 600% de tal límite. 

La funcionaria que ha redactado la respuesta con ese tono chulesco sesga u olvida que la CE tiene todas las competencias si el Gobierno incumple la ley. Se obvia el art. 38, que permite a la Comisión dirigir recomendaciones específicas a los Estados miembros en relación con los índices de radiactividad. En caso de incumplimiento, puede emitir directivas y, si no hubiese otra salida, recurrir al Tribunal de Justicia.

Como nuestros gobiernos parecen incumplir sistemáticamente la legislación con respecto a Palomares y demás lugares radiactivos (Huelva, Cartagena, Tarragona) parece que no queda otra alternativa que la vía judicial en la jurisdicción nacional o internacional, mientras los afectados de Vera y Palomares sigan con su silencio cómplice e insolidario con sus descendientes.