Rebelión municipal

La ministra de Hacienda, y con ella el Gobierno, están a punto de sufrir una inapelable derrota parlamentaria. La semana que viene el pleno del Congreso tiene que aprobar el Real Decreto que pretende regular la utilización de los remanentes municipales.

De no mediar una contrapropuesta, el PSOE se quedará solo con sus votos y en la tribuna del hemiciclo los alcaldes rebeldes, de más de treinta ciudades, festejaran la derrota.

A María Jesús Montero se le ocurrió “socializar” los excesos de caja que, por ley, no pueden gastar los alcaldes. Los más saneados debían ceder sus catorce mil millones al Gobierno y este los devolvería en un plazo de diez a quince años. A cambio, los alcaldes interesados en la cuestión podrían solicitar un anticipo que no tendrían que devolver. Pero solo del treinta y cinco por ciento de sus ahorros. El rechazo se extendió como la pólvora. 

La crisis ha alcanzado a una institución como la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el incombustible alcalde de Vigo. Fue su voto de calidad, ante el empate de partidarios y detractores de la propuesta el que inclino la balanza a favor del Gobierno. Rara vez se habían producido unas discrepancias tan notables y ya hay algunos regidores de Baleares que se plantean dejar la FEMP. Una derrota del Ejecutivo en el hemiciclo o una nueva propuesta de la responsable de Hacienda serían, también, una desautorización para Abel Caballero.

Y tienen razón los Consistorios en no querer ser menos que las CCAA. No aceptan subvencionar al Estado con sus ahorros y exigen una negociación con Hacienda. 

No le queda mucho tiempo a la ministra Montero para negociar y más sumida en resolver las discrepancias con su socio en Moncloa, Pablo Iglesias, en el tema presupuestario. Además Unidas/Podemos no está por la labor de apoyar el Decreto municipal al que se opone frontalmente Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con mando en plaza, nunca mejor dicho.

La derrota parlamentaria tiene más calado político. Son regidores de trece partidos políticos, muchos de ellos socios de investidura de Sánchez, y representan a 31 capitales. Imponer por decreto, sin mayoría parlamentaria, siempre ha sido una temeridad.