La deriva de este Gobierno no ha sorprendido a nadie. El pacto de investidura con los socios que le siguen sosteniendo era evidente que conducía a una hipoteca con un altísimo interés que se pagaría más pronto que tarde. Pero empieza a ir por unos derroteros peligrosos en un Estado de Derecho. Hasta en Europa se han encendido las alarmas y ya nos han dado los primeros avisos.
Hay una larga lista de razones. La voluntad de modificar la elección de los miembros del Poder Judicial por una minoría no cualificada que facilitara su control; el innecesario y sectario proyecto de ley de memoria democrática, mientras se olvida la tragedia causada por ETA; la creación de ese “Ministerio de la Verdad” que esconde la voluntad de controlar los medios de comunicación públicos y privados; la eliminación del castellano como lengua oficial y vehicular en la enseñanza y la propia Ley Celáa que no esconde la intención de acabar con la enseñanza concertada y con la propia libertad de enseñanza y de creación de centros; la reforma del delito de sedición a la medida de las reclamaciones del independentismo catalán; el reiterado desprecio del vicepresidente Iglesias y de alguno de sus ministros a la Corona y al Rey, a pesar de haber prometido respetar la Constitución; la elaboración de unos Presupuestos que falsean los ingresos y los gastos y que han sido negociados con ERC y con Bildu, como otras muchas cosas, pese a que unos y otros quieren acabar con la España del 78; el intento de modificar la legislación para que Hacienda pueda entrar sin orden judicial en cualquier domicilio para comprobar si están cometiendo alguna irregularidad fiscal sin ni siquiera indicios de que puede ser así; el hecho de que el vicepresidente del Gobierno tenga una agenda propia en un viaje oficial del Rey de España y lo aproveche para firmar manifiestos o denigrar a la Corona sin que el presidente de ese mismo Gobierno le llame al orden; la falta de transparencia y las mentiras durante la mala gestión de la pandemia; la dudosa imparcialidad de la Fiscalía General del Estado ocupada por una ex ministra de Justicia...
Nada de todo esto se podría hacer o intentar sin la decisión, el permiso o la tolerancia del presidente del Gobierno o de su todopoderoso valido Iván Redondo.
Y si fuera por sus socios, ERC, Bildu, PNV, ¿se imaginan ustedes lo que quedaría de la España democrática de la Constitución del 78?
Dicho eso, ¿cómo se explica que sigan en el Gobierno ministros y ministras que han demostrado su compromiso con la libertad, la justicia y el Estado de Derecho como, por ejemplo, Margarita Robles, Nadia Calviño, José Luis Escrivá o, incluso, Juan Carlos Campo? ¿Cómo se explica el silencio de tantos barones del PSOE?
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