No era un plan, era un anuncio

El pasado 24 de febrero, Pedro Sánchez anunciaba en el Congreso de los Diputados un plan de 11.000 millones de euros para empresas, Pymes y autónomos. El presidente comparecía para dar cuenta de la evolución de la pandemia en el marco del estado de alarma vigente y después de dos meses sin hacerlo. Las apariencias no suelen engañar y el anuncio sonó a propaganda pura y dura, algo que se confirmó en los días posteriores.

De hecho, se esperaba que el Consejo de Ministros de ayer martes le diera el visto bueno y no fue así. El Gobierno no consiguió ponerse de acuerdo en quién y cómo se van a recibir esas ayudas. Ni siquiera qué parte del fondo se dedicará a ayudas directas, préstamos participativos o quitas a los préstamos avalados por el ICO. En definitiva, seguimos como estábamos, mientras las empresas y los autónomos siguen desangrándose. Un claro ejemplo de lo tarde y mal que en todo caso llegarían estas ayudas es que sólo entre el comercio y la hostelería están pidiendo a gritos unos 12.500 millones de euros.

En estos momentos, son más de 450.000 las empresas que están en riesgo de insolvencia y decenas de miles de autónomos con el agua al cuello. Y no hay que engañarse, muchos están resistiendo por la moratoria hasta el 14 de marzo de las normas concursales. Cambios que, por cierto, debido al miedo a una avalancha de quiebras, el Gobierno estaría pensando volver a alargar en el tiempo. Retrasar los problemas ha sido la actuación estrella del Ejecutivo. Tanto los pagos a Hacienda, como a la Seguridad Social o el ICO se agolpan, pero los cierres, las restricciones o los aforos siguen ahí matando los ingresos.

Parece que el presidente ha dado orden de que como mucho el viernes en un consejo extraordinario se apruebe el Plan de 11.000 millones. En todo caso, como las líneas de actuación sean las que se van filtrando tampoco servirá para ayudar realmente a las Pymes y a los autónomos. Si el apoyo se va a dar a las que sean viables se quedarán fuera miles y miles, ya que la pésima política de este último año ha convertido en inviables, o no llegará a las que por prudencia no han pedido un ICO será una injusticia. Veremos, porque si finalmente se consiguen superar las desavenencias entre ministros socialistas y entre éstos con los comunistas, lo que sí se adivina es que las responsabilidades caerán en las Comunidades Autónomas, las entidades financieras, la SEPI y el “sursum corda”. En cualquiera menos en el Gobierno de España que fue, es y sigue siendo el responsable principal de la gestión de la pandemia y de la crisis económica que ha generado por llegar tarde y mal.