La malversación de la ley

No se entendería que una Generalitat gobernada por el animoso frente independentista del 14-F (ERC-Junts-Cup) dejase tirados a los dirigentes que en el desempeño de sus cargos oficiales, entre 2011 y 2017, se curraron la internacionalización de la causa por una Cataluña como unidad de destino en lo universal. Lo que haga falta, oiga.

Va de avales y contra-avales. Que el Instituto Catalán de Finanzas (brazo financiero de la Generalitat para el desarrollo de la economía catalana) avale al banco (cualquier entidad financiera) que avale a los currantes que deben avalar las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas del Estado está en la lógica del independentismo.

Lo raro es que el “Govern” se hubiera desentendido de la acción represora del Estado sobre el bolsillo de unos esforzados servidores de la quimérica república catalana. Pero, no. Al menos mientras no haya sentencia firme de culpabilidad. Y eso, de momento, es ganar tiempo, mientras Pedro Sánchez y Pere Aragonés van abriendo los caminos del reencuentro en nombre del verdadero patriotismo (esto vale para los dos, frente a las respectivas acechanzas de Casado y Puigdemont).

A la malversación de fondos públicos en gastos indebidos se superpone la presunta malversación de los marcos legales que el independentismo quiere reventar. Es lo suyo. A nadie puede sorprender que la Generalitat busque la forma tramposa de blindar el patrimonio personal de los 34 ex altos cargos emplazados por el Tribunal de Cuentas a depositar los 5,4 millones de euros gastados en el pregón internacional del “procés”.

¿Pero es legal o no la sofisticada operación político-financiera, en forma de “fondo complementario de riesgo”, aprobada el martes pasado por el “Govern” de Pere Aragonés? Eso ya se verá cuando haya sentencia firme en última instancia sobre el fondo de la cuestión, que los independentistas esperan llevar hasta los tribunales internacionales si antes la justicia española no asume que la parte teóricamente perjudicada por gastos indebidos no es el Estado sino la Generalitat que, lejos de sentirse perjudicada, aprobó y celebró el estipendio con cargo a sus presupuestos oficiales.

Lo que está por ver es la reacción de Moncloa. De momento es esperanzadora la advertencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su firme intención de recurrir el decreto de la Generalitat “si no está sujeto a derecho”. Por su parte, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ya ha acusado a la Generalitat de añadir al delito de malversación apreciado por el Tribunal Supremo en la sentencia del “judici” otro presunto delito de malversación.

De nuevo en una cuestión de Estado el que gobierna y el que puede gobernar aparecen en bandos distintos. Mal asunto.