En Castilla y León habrá elecciones en el mes de febrero. El órdago lanzado por el presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, que liquida la relación del Partido Popular con Ciudadanos, será juzgado por los electores de esa comunidad. Pero tal y como están las cosas en España, de esa convocatoria también saldrá un juicio colateral sobre quién sin presentarse a los comicios estará presente en los debates políticos de la campaña. Me refiero a Pedro Sánchez.
El precedente es lo ocurrido en Madrid en las autonómicas del pasado mes de mayo en las que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, obtuvo una victoria incontestable tras haber realizado una campaña en la que, sin olvidar las cuestiones regionales, en todo momento tuvo presente la política nacional.
Estrategia que, por elevación, desembocó en una confrontación directa con el presidente del Gobierno. Un pulso que Pedro Sánchez cometió el error de aceptar. Bajó al barro y el PSOE se pegó el mayor resbalón político en la reciente historia madrileña.
Castilla y León tiene problemas específicos. Caso de una cobertura sanitaria deficitaria como resultado de tener una parte de la población dispersa y envejecida, o de la precaria situación de agricultores y ganaderos acogotados por la subida de los precios de la electricidad, el combustible y los insumos. Éstas y otras cuestiones centrarán la campaña pero la política nacional acabará permeando los debates electorales.
Pasada la sorpresa generada por una convocatoria que ha pillado con el pie cambiado tanto al PSOE como a Ciudadanos, a partir de ahora asistiremos a un espectáculo que ya estuvo en la cartelera televisiva de ámbito nacional. Me refiero al intento de estigmatización política de Fernández Mañueco.
Un calvario mediático por el que en su día pasó Isabel Díaz Ayuso. A ella acabó favoreciéndola en los resultados que arrojaron las urnas. Quizá porque como apuntaba el clásico, el exceso de crítica, mata la crítica. Veremos qué pasa en febrero.
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