“Es tu derecho. Por una sanidad pública de calidad”

La salud es un derecho constitucional, conquistado por nuestros mayores, y materializado mediante una sanidad pública, universal y gratuita. Esto supone la mayor herramienta de igualdad y equidad que puede vertebrar nuestra sociedad y una base fundamental del desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos.

Este derecho de todo ciudadano y ciudadana a una sanidad pública y de calidad se ha visto seriamente amenazado con la enorme prueba de estrés que ha supuesto la crisis pandémica provocada por la COVID-19, que ha puesto en evidencia las profundas deficiencias y debilidades del sistema sanitario público andaluz, y por supuesto la ineficiente gestión que ha realizado y sigue realizando el actual Gobierno andaluz, que daña al servicio público, obviando su deber de acogerse a los principios que rigen nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

La sanidad pública andaluza ya arrastraba problemas estructurales derivados de las políticas de recortes que se aplicaron a raíz de la crisis del 2010 pero, sin duda, el deterioro se ha acelerado profundamente en los años 2020-2021, y todo ello a pesar de la comprensión y comportamiento ejemplar de la ciudadanía andaluza, y por supuesto por la profesionalidad, compromiso e implicación de las trabajadoras y trabajadores sanitarios que, con su esfuerzo, dedicación e incluso, en ocasiones, bajo el coste de entregar su salud y sus vidas, han permitido que la atención y calidad sanitaria se mantuvieran en nuestra provincia.

Las políticas aplicadas han supuesto que seamos la Comunidad Autónoma con menor gasto sanitario público por habitante, a pesar de las necesidades urgentes que tenemos por nuestra extensión y dispersión geográfica. La Atención Primaria absolutamente colapsada, sufriendo el deterioro de los valores que la hicieron grande y apreciada por la ciudadanía, además de la pérdida de las actividades de promoción y prevención de la salud que actualmente y en un futuro tendrá repercusiones gravísimas en enfermedades crónicas como, por ejemplo, en el diagnóstico del cáncer en estadios avanzados. 

En pandemia hemos asistido, con asombro, al cierre de centros sanitarios, camas hospitalarias, a la pérdida de personal de atención primaria, e incluso se ha despedido a más de 8.000 trabajadoras y trabajadores, casi un millar en nuestra provincia, a pesar de la falta de personal y de la sobrecarga extenuante que arrastran las y los profesionales sanitarios provocando incluso un aumento alarmante de las agresiones a profesionales. Y todo ello incumpliendo el deber de retribuir a nuestras y nuestros profesionales sanitarios, al menos, en igual medida que en el resto de comunidades autónomas. Del mismo modo se ha desatendido y despreciado la situación precaria e igualmente preocupante de las personas trabajadoras de las subcontratas de limpieza, mantenimiento, emergencias sanitarias, cocina o seguridad.

Nuestra sanidad pública ha perdido en accesibilidad, que se evidencia con colas interminables de usuarios en las puertas de los centros de salud, grandes listas de espera que ascienden a más de 720.000 personas en Andalucía, casi triplicando las cifras de Madrid y Cataluña, y todo ello a pesar del infradiagnóstico de patologías, y de la derivación sistemática de pacientes menos graves a la privada, que ha supuesto que el Gobierno andaluz actual haya incrementado el presupuesto de la asistencia sanitaria con medios ajenos en un 43% en un año (2021-2022), intentando transformar la sanidad pública en un negocio. Aumento de la brecha digital con la exclusión del sistema sanitario público de personas mayores, colectivo muy vulnerable que requiere de atención preferente.

La tasa de contagios de los profesionales sanitarios en Andalucía ha sido y sigue siendo indecente en relación con el resto de España, fundamentalmente por la deficiente protección, además de la infradeclaración de accidentes de trabajo por COVID-19 (el 90% de los casos) que supone una flagrante vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras sanitarios.

En definitiva, una situación que es inexplicable en un momento en el que el Gobierno andaluz declara tener un superávit de casi 2.600 millones de euros en las cuentas de 2020, y siendo la comunidad autónoma que ha recibido más fondos COVID para la sanidad en 2022, superando la cifra de 4.600 millones en los dos últimos años de pandemia. 

El desgobierno absoluto de la sanidad pública, sin una planificación adecuada y sin su refuerzo, lo único que consigue es su deterioro, perjudicar nuestra salud y una desconexión entre profesionales, ciudadanos y ciudadanas y el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Por eso, la ciudadanía de Almería, a través de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, promotoras de esta movilización y las organizaciones que se han adherido a ella, creemos que es el momento de decir BASTA.

Por todo ello, nos manifestaremos conjuntamente el sábado 19 de Febrero a las 12 de la mañana desde la Puerta de Purchena pasando por las calles Obispo Orberá y Federico Garcia Lorca hasta la Plaza de las Velas, para exigir al Gobierno andaluz que garantice: 

- Una sanidad pública financiada con los fondos públicos necesarios para acabar con las desigualdades en salud y con las desigualdades laborales, con el objetivo de que los andaluces y andaluzas disfrutemos de este elemento vertebrador de nuestra comunidad.

- Una sanidad pública humanizada donde el usuario y el profesional sean el centro del sistema en una perfecta integración.

- Una sanidad pública accesible a toda la población donde se disminuya la brecha digital para las personas usuarias y también para las y los profesionales.

- Una sanidad pública donde las personas usuarias tengan sus espacios de participación y decisión.

- Una sanidad pública donde las actividades de promoción y prevención de la salud vuelvan a tener su protagonismo.

La deriva de la sanidad pública actual nos hará perder lo que nuestros mayores consiguieron y nosotros heredamos. Lo paramos ahora o los andaluces y andaluzas perderemos este patrimonio y pasarán muchos años hasta poder conseguir el nivel de calidad de los servicios de salud que necesitamos.